Muñoz Machado, con una trayectoria académica y profesional destacada en el ámbito del Derecho Administrativo y el Derecho Público y con obras de referencia en materias como el Estado autonómico, las competencias entre administraciones, la liberalización económica, la regulación de los servicios públicos o de Internet, ha concedido una entrevista a 'El Ágora, diario del agua' en la que reflexiona sobre la “dispersión normativa” en el sector del agua y la necesidad de que el Estado dicte una ley que regule el ciclo integral del agua urbano, una norma “que vaya más allá de la actual Ley de Aguas”.

Para Muñoz Machado, haría falta además un organismo único que tenga “competencias de supervisión sobre la totalidad de la actividad que se desarrolla a lo largo del ciclo del agua, desde la captación del recurso hasta la distribución”. Con todo, no cree necesario la creación de un nuevo organismo regulador y aboga por que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CMNC) asuma esa función.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Respecto a la titularidad del agua y su gestión, el experto considera que hay una gran confusión, pues se mezclan conceptos: “Una cosa es la propiedad y otra es cómo se gestiona el abastecimiento”, afirma.

“Ahora se esgrime como una gran novedad que el agua tenga que ser considerada como un bien de dominio público, pero esta afirmación jurídica es tan antigua como el mundo”, agrega. Otra cuestión es quién debe encargarse del servicio y su gestión. Para el jurista, en ese caso pueden usarse modelos de gestión que pueden ser públicos, privados o mixtos.

Para Santiago Muñoz Machado, lo importante en el ciclo del agua es la eficiencia en la gestión con independencia de su modelo y destaca, en este sentido, que “la eficiencia de las sociedades privadas, sobre todo cuando ya están testadas, genera ahorro y un menor gasto público”.

Cuando se habla de gestión integral del agua “hablamos de procesos muy complejos y es absurdo prescindir de la experiencia, conocimiento y aprendizaje de las entidades privadas y sustituirlas por gestores municipales noveles. Lo ideal en este ámbito es la colaboración público-privada”, señala Muñoz Machado.