Según informó la Policía Nacional, en la mayoría de los casos los detenidos utilizaban la figura jurídica de asociación, debido a que los instrumentos que prevé la ley para regular las exigencias contables, de verificación de cuentas, publicidad y control de actividad empresarial de las entidades, son mucho menos estrictos que la legislación mercantil.

Todas las empresas compartían una misma unidad de dirección, formada por el presunto responsable de la trama, su excónyuge y la madre de éste. Dos de los fundadores, abogados ejercientes con amplios conocimientos en Derecho, utilizaban a la madre del cabecilla de 80 años de edad como testaferro.

Los detenidos pretendían aparentar una dirección de empresas independientes, pero en realidad formaban un sólido grupo empresarial no transparente. Se facturaban entre ellas con el objetivo de ocultar el patrimonio e impedir la ejecución sobre los bienes de los deudores por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Con el fin de eludir el pago a la Seguridad Social, los detenidos realizaban trasvases de los trabajadores entre las distintas entidades, dando de alta a trabajadores en empresas con actividad insignificante y reduciendo la plantilla en otras que tenían una importante actividad económica, produciendo así una confusión de plantillas y una confusión patrimonial.

Según mostraban los informes patrimoniales, las empresas no tenían bienes pese a que en las actas fundacionales de las asociaciones y en las escrituras de constitución de las empresas aparecían patrimonios, fondos sociales o capitales sociales muy elevados.

VENTA DE SEGUROS FALSOS

A los detenidos se les imputa un delito contra la Seguridad Social. En muchos de los casos superaron la cuantía de delito económico contra la Seguridad Social (50.000 euros en cuatro años), incluso superando el tipo agravado (120.000 euros).

También se les imputa un delito de frustración de la ejecución como resultado de las maniobras realizadas con el fin de obstaculizar y dificultar el cobro de la misma.

Además, todos ellos estaban acusados anteriormente por un dudoso negocio que consistía en la venta de seguros a inquilinos morosos en cuyo contrato se establecía que, en caso de desalojo, el procedimiento no tenía coste alguno. Sin embargo, una vez se activaba el desalojo en los tribunales, los propietarios tenían que abonar una serie de gastos. Más de 200 personas se querellaron por estafa a consecuencia de estos hechos.