Según el supervisor, la nulidad del citado decreto privó de base legal a las cantidades reconocidas y a los pagos efectuados con arreglo al mismo, obligando con ello a revisar los pagos realizados, por lo que determina la obligación de los interesados de reintegrar al sistema de liquidaciones de las actividades reguladas del sistema de gas natural los importes recibidos.

El senador Mulet señaló hoy en un comunicado que "es indignante la opacidad que ha existido con este proyecto y que tras varias legislaturas todavía no hayan puesto en manos de los senadores los documentos solicitados, auditorías e informes que justificaron el pago de las millonarias indemnizaciones” a pesar de no haber estado operativo el proyecto energético de Vinaròs.

El senador recuerda que en enero de 2019, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció en el Senado que el Gobierno iba a sellar de modo definitivo los pozos del depósito Castor, “algo que no se ha producido todavía y se mantiene la hibernación de las instalaciones, que cuestan muchos millones al año al sistema y sus abonados”. Asimismo, anunció la licitación de nuevos estudios de cara al desmantelamiento de las instalaciones, “de los que nada más se ha sabido y es indecente la precariedad en que se halla una infraestructura que se ha demostrado peligrosa”. La capacidad de los tapones de sellado provisional de las instalaciones instalados en 2016 finaliza próximamente y deberían renovarse antes de 2020, que es cuando finaliza su vida útil.

Compromís, que pidió en la anterior legislatura la creación de una comisión de investigación sobre el Castor, ha reclamado celeridad con los plazos que impone la vida útil de los elementos del sellado temporal que finaliza en 2020 y conocer si el Gobierno ha decidido o estudiado algún uso alternativo para las instalaciones que no sea el cierre y desmantelamiento total, como reclama la coalición.