Este informe fue elaborado por el Cermi ante el próximo Examen Periódico Universal (EPU) al que será sometido España por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con el fin de hacer un relato evolutivo de la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en los últimos cuatro años.

Según informó el Cermi, el documento fue elevado también al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, para que conste al Ejecutivo español la posición de la sociedad civil en esta materia.

El Cermi, que fue nombrado en 2011 mecanismo independiente de seguimiento de la aplicación de la Convención en España, parte en su informe de las observaciones que el Consejo de Derechos Humanos realizó a España en su anterior examen (2015), así como de las recomendaciones realizadas por el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (2019), el Comité del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de los Derechos del Niño (2018).

Entre las observaciones que no se han cumplido, el documento destaca la ampliación de la protección contra la discriminación por motivos de discapacidad y ante la denegación de ajustes razonables; la revisión de las disposiciones legislativas que autorizan la privación de libertad por motivos de discapacidad; el impulso de políticas para luchar contra la violencia hacia mujeres y niñas con discapacidad y asegurar su acceso a un sistema de respuesta integrado, y la mejora de las tasas de actividad laboral de las personas con discapacidad.

Además, lamenta que no se haya erradicado la práctica de esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad, que sufren especialmente las mujeres y niñas. Asimismo, advierte de que no hayan concluido los trabajos legislativos para modificar el Código Civil y pasar de un sistema de sustitución de la capacidad jurídica a otro basado en la provisión de apoyos en la toma de decisiones, al tiempo que critica las carencias en el derecho a la educación inclusiva para todo el alumnado con discapacidad.

El Cermi pone también el foco en el incumplimiento de los mandatos legales en materia de accesibilidad universal, lo que supone “un auténtico fracaso en las políticas públicas españolas”. Así, recuerda que el 4 de diciembre de 2017 expiraba el límite legal temporal para alcanzar la accesibilidad universal de todos los entornos, productos y servicios. “España sigue lleno de muros, barreras y obstáculos sin que haya habido una reacción legal para exigir el cumplimiento de la norma y castigar las vulneraciones”, recalca el informe.

Más allá de las observaciones de la ONU, el Cermi expresa su preocupación por la no reversión de los recortes de derechos, prestaciones y apoyos como consecuencia de la crisis económica y de las políticas de austeridad de los poderes públicos aplicadas desde 2008. Del mismo modo, denuncia que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad no ha permeado por igual en todas las administraciones del Estado español, existiendo carencias importantes en este sentido en las comunidades autónomas, así como en los operadores jurídicos.

AVANCES

En relación con las recomendaciones que sí se han llevado a cabo desde 2015, destaca la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en 2018, que devolvió el derecho al voto a casi 100.000 personas que estaban privadas del mismo por razón de discapacidad intelectual, psicosocial o deterioro cognitivo.

También sobresale el fortalecimiento de las garantías procesales de las personas con discapacidad ante un proceso judicial, la reforma de la Ley Orgánica del Jurado Popular para permitir que las personas con discapacidad puedan formar parte de este tipo de tribunales, la eliminación de la discriminación que sufrían determinadas personas con discapacidad a la hora de contraer matrimonio, y la aprobación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que refuerza la dimensión social de la contratación por parte de las administraciones.

La aprobación por parte del Gobierno de España del Día Nacional de la Convención de la Discapacidad de la ONU; la constitución de sendas comisiones de discapacidad en el Congreso de los Diputados y en el Senado, con carácter permanente y legislativo, y la creación del Foro Justicia y Discapacidad y de una fiscalía especializada de discapacidad son otros de los avances enumerados por el Cermi ante el informe remitido a la ONU y al Ministerio de Asuntos Exteriores.