Así lo denunció a través de un comunicado en el que también anunció que ha solicitado una reunión “urgente” con la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, y con la fiscal general del Estado, María José Segarra.

La entidad precisó que dicho informe expone datos relativos a los escritos de acusación, sentencias y diligencias de investigación incoadas entre 2017 y 2019 en España que, a su entender, ponen de relieve la “importante dimensión” de lo que considera un “grave problema social”.

A pesar de ello, lamentó que dichas cifras “no proporcionan detalle” sobre la condición del autor o el entorno o naturaleza de la institución en cuyo seno se produce el abuso o la agresión sobre el menor.

“Somos los primeros interesados en combatir esta lacra social que también afecta a la Iglesia y cualquier iniciativa que nos ayude a avanzar en la protección de la infancia es bienvenida”, prosiguió Escuelas Católicas, al tiempo que mostró su “tolerancia cero” con este tipo de abusos y su “compromiso de colaboración” para la “erradicación de esta lacra”.

A este respecto, rechazó, tal y como indica el informe, que deban “evitarse comprobaciones o filtros internos de verificación previos a la información del caso a las autoridades competentes”. “Sorprende”, según su criterio, una visión que estima “contraria no solo a la más elemental prudencia sino también a las indicaciones de la mayoría de los protocolos de las consejerías de Educación e incluso de otros sectores como el deportivo”, que, recordó, recomiendan una primera evaluación de la situación para determinar la existencia de “sospechas o indicios razonables” de delito.

Para Escuelas Católicas, prescindir de una “mínima” comprobación inicial sería “judicializar hasta el extremo la vida de los centros, exponer a los menores innecesariamente y arrasar el derecho a la presunción de inocencia”.

"No debe ser visto como un intento de ocultación, sino como un ejercicio responsable de las funciones de los profesionales”, agregó, para, a continuación, insistir en que esta práctica “puede llegar a permitir una actuación rápida” ante un posible caso de abuso.

La organización instó a promover medidas para “agilizar” la atención frente a estos delitos y denunció que el compromiso del Ministerio Fiscal para ofrecer una "respuesta eficaz" se circunscriba "únicamente al ámbito de la Iglesia católica, dejando sin atender los ámbitos en los que la lacra del abuso sexual se da con mayor frecuencia”, entre los que citó a las propias familias, el entorno deportivo o la escuela en general.

Escuelas Católicas rechazó la consideración de los centros de enseñanza e instituciones religiosas católicas como “entornos tradicionalmente dotados de cierta opacidad” y subrayó que “desde hace tiempo” está poniendo “todos los medios a su alcance en la prevención y actuación contra estos delitos”.

En este punto, manifestó que está trabajando en un protocolo laboral ante situaciones de abusos y en una guía para ayudar a los centros a prevenir y atajar cualquier caso de abuso sexual. Además, ha publicado un Programa de Cumplimiento Normativo para centros educativos, disponible gratuitamente en su página web, que propone un marco para la elaboración de protocolos y mecanismos de denuncia y control para delitos, incluyendo los de naturaleza sexual.