El escrito considera que la actividad de estas delegaciones catalanas es “lesiva” para los intereses del Estado y está al “servicio” de un proyecto secesionista inconstitucional.

Esta medida cautelar se enmarca dentro del recurso contencioso administrativo interpuesto ante el TSJC contra el decreto del Govern de restablecimiento de las delegaciones del Gobierno de la Generalitat en el Reino Unido, Irlanda, Alemania, Estados Unidos, Italia, Suiza y Francia.

El escrito argumenta que la necesidad de esta medida cautelar se constata cuando las delegaciones “se encuentran en funcionamiento y contraviniendo de forma evidente con su actividad entre otros, un título competencial y exclusivo del Estado, como las relaciones internacionales (art. 149. 13CE), como límite de la acción exterior de las Comunidades Autónomas”.

Exteriores manifestó en un comunicado que “lamenta” tener que solicitar las citadas medidas cautelares, pero, añade, “no se deja otra opción” para preservar el mandato legal que sitúa dentro de la competencia exclusiva del Estado la posibilidad de establecer medidas que regulen y coordinen las actividades con proyección externa de las comunidades autónomas. En cualquier caso no se discute la legítima “acción exterior” que Cataluña, como cualquier otra comunidad autónoma, puede desplegar en el ámbito de sus competencias, conforme al ordenamiento constitucional y estatutario y la jurisprudencia.