Según informó la Guardia Civil, ambas instituciones consideran necesario profundizar en los mecanismos que garantizan la protección de los inversores, especialmente en un contexto en el que las nuevas tecnologías y canales de comunicación digitales están propiciando cambios significativos en la industria de los servicios financieros. El acuerdo establece un marco de colaboración que refuerza la cooperación y coordinación entre ambas instituciones y favorece el intercambio de información entre las partes.

Entre estos mecanismos de colaboración destaca el establecimiento de canales de comunicación ágiles y directos. Así, la Dirección General de la Guardia Civil, a través de la Jefatura de Policía Judicial, informará a la CNMV de las entidades o personas físicas no autorizadas que detecte que pudieran estar cometiendo infracciones de normas de los mercados de valores, así como de la incoación de procedimientos judiciales relacionados con la prestación ilegal de servicios de inversión.

ACTUACIONES CONTRA 'CHIRINGUITOS FINANCIEROS'

Se establecerá como Punto de Coordinación Nacional la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) de la Guardia Civil, que centralizará las investigaciones relacionadas con el objeto del convenio y las solicitudes de información a la CNMV. Por otro lado, la CNMV comunicará a la Jefatura de Policía Judicial informaciones relativas a indicios o pruebas de fraude financiero cometido por personas no autorizadas para actuar en los mercados de valores y prestará asesoramiento para facilitar las investigaciones.

El convenio prevé la constitución de una Comisión de Seguimineto para promover una adecuada coordinación y entendimiento entre las partes. Esta comisión estará integrada por cuatro miembros, dos por parte de la CNMV y dos de la Dirección General de la Guardia Civil. Las dos partes desarrollarán actividades de formación conjunta.

Tal y como se indica en el Informe anual de la CNMV de 2018, recientemente publicado, la CNMV ha realizado un total de 620 advertencias (un 24% más que en 2017) sobre entidades que no están autorizadas para prestar los servicios de inversión.