A este respecto, en una nota de prensa, la comisaria Margrethe Vestager, responsable de la política de competencia, explica que ”la Comisión investigará meticulosamente si las ayudas previstas de España son realmente necesarias para que Peugeot invierta en procesos de producción verdaderamente innovadores en Vigo y si van a desarrollar la región sin falsear indebidamente la competencia o ir en detrimento de la cohesión en la UE”.

En estos momentos, PSA está invirtiendo alrededor de 500 millones de euros en nuevas líneas de producción para lanzar nuevos vehículos y en mejoras del proceso productivo en la fábrica de Vigo.

El trabajo en los nuevos procesos y líneas de producción empezó en abril de 2015. En noviembre de 2017, España notificó a la Comisión su intención de conceder ayudas públicas al proyecto por un importe de 20,7 millones de euros.

Las normas sobre ayudas estatales de la UE, y en particular las directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional de 2014 de la Comisión, permiten a los Estados miembros apoyar el desarrollo económico y el empleo en las regiones desfavorecidas de la UE y fomentar la cohesión regional en el mercado único.

Para poder ser aprobadas, las medidas deben cumplir determinadas condiciones para garantizar que tengan el efecto positivo previsto. Por ejemplo, las ayudas deben incentivar la inversión privada, limitarse al mínimo necesario y no atraer la inversión de una región igualmente o más desfavorecida de otro Estado miembro.

Bruselas duda por el momento de que las ayudas previstas por un importe de 20,7 millones de euros en Vigo se ajusten a todos los criterios de las directrices sobre ayudas de finalidad regional.

En concreto, la Comisión teme que las ayudas públicas españolas puedan haber atraído el proyecto de inversión fuera de una región más desfavorecida económicamente de otro Estado miembro, o que PSA hubiera realizado la inversión en cualquier caso en Vigo, incluso sin las ayudas públicas españolas.

Además, con arreglo a las normas aplicables a las ayudas regionales, las inversiones de las grandes empresas en instalaciones de producción existentes no suelen poder acogerse a ayudas regionales, salvo si las inversiones permiten cambios fundamentales e innovadores en el proceso de producción que se apliquen por primera vez en el sector de que se trate en el Espacio Económico Europeo. La comisión duda también de que el proceso de producción previsto sea lo suficientemente innovador como para poder acogerse a esa excepción.

Por último, abriga dudas sobre la contribución de las ayudas públicas españolas al desarrollo regional y sobre su idoneidad y proporcionalidad y no puede descartar que las ayudas tengan efectos negativos en la competencia en determinados segmentos del mercado de turismos objeto de la inversión.