El Ministerio de Exteriores emitió un comunicado en el que explicó que el artículo 12 de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado atribuye a este departamento la facultad de informar sobre la citada propuesta de acuerdo con las directrices, fines y objetivos de la Política Exterior, la Estrategia de Acción Exterior y con el principio de unidad de acción en el exterior.

El informe emitido por Exteriores es preceptivo, aunque dicha ley, aprobada cuando el PP gozaba de mayoría absoluta, especifica que no es vinculante.

El texto considera que la apertura de estas delegaciones es actualmente “lesiva para los intereses del Estado, habida cuenta del objetivo declarado del actual Gobierno de la Generalitat de emplear todos los medios a su alcance para la llamada internacionalización del ‘procés’, en claro perjuicio de la política exterior del Estado –cuya dirección compete al Gobierno central de acuerdo con el artículo 97 de la Constitución- y del normal desarrollo de las relaciones internacionales de éste, competencia estatal exclusiva, según el artículo 149.1.3º del texto constitucional”.

También abunda en que, sin perjuicio de reconocer la competencia autonómica para el establecimiento de oficinas en el exterior para promover los intereses de las comunidades autónomas, resulta “evidente que la actuación de tales oficinas debe atenerse al marco constitucional español y desarrollarse de conformidad con éste”.

A su vez, establece que “una actividad exterior de una comunidad autónoma que se haga al margen de su marco competencial y sin respeto a los principios de unidad de acción en el exterior, lealtad institucional y servicio al interés general causa en sí misma un perjuicio a la política exterior del Estado”.

Ante esta situación, el Gobierno ha dado instrucciones a la Abogacía del Estado para que recurra en vía contencioso administrativa la decisión de la Generalitat de abrir delegaciones en México, Argentina y Túnez.

A la vista de que las delegaciones de la Generalitat son un “instrumento fundamental para promover las tesis del secesionismo y denigrar la imagen internacional de España”, el Gobierno ha instado a la Abogacía del Estado para que solicite medidas cautelares para “evitar actividades que se están revelando perjudiciales para los intereses del Estado”.