El presidente catalán protagonizó un pulso con la Junta Electoral Central que le ordenó retirar de los edificios públicos los lazos amarillos durante la pasada campaña electoral de las generales. Ciudadanos pidió a la Junta que actuara y más tarde la JEC dio traslado de los hechos a la Fiscalía por un posible delito de desobediencia.

El magistrado instructor de la causa abierta en la Sala Civil y Penal contra el `president´ entiende que su actuación podría ser constitutiva de un delito de desobediencia (artículo 412 de Código Penal) o, subsidiariamente, de denegación de auxilio a la autoridad competente, también contemplado en ese artículo, y abre el trámite para que las partes presenten petición de apertura de juicio oral a través de escrito de acusación o, en su caso, sobreseimiento. Además, el juez ha desestimado la petición anterior a este trámite de sobreseimiento presentada por el abogado del investigado.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) admitió a trámite la querella presentada por la Fiscalía el pasado 2 de abril. El delito de desobediencia está contemplado por el Código Penal y no conlleva penas de prisión. Por tanto, Torra podría ser condenado al pago de una multa que podría oscilar entre los 300 y los 3.000 euros o a inhabilitación.

En su cuenta de Twitter, el presidente de la Generalitat dijo en el momento de ser notificado: “Acabo de signar la notificació de la querella per desobediència. Davant d'un estat autoritari, hem decidit viure sense por. Amb la llibertat d'expressió, fins a les últimes conseqüències” (Acabo de firmar la notificación de la querella por desobediencia. Ante un Estado autoritario, hemos decidido vivir sin miedo. Con la libertad de expresión, hasta las últimas consecuencias).

El pasado 26 de marzo, el Tribunal Supremo rechazó suspender el acuerdo de la Junta Electoral Central de retirar los símbolos independentistas de los edificios públicos, como solicitaba el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, quien pidió en su recurso la aplicación de medidas cautelarísimas.

En un auto la Sala III rechazaba la suspensión cautelarísima, solicitada por el presidente de la Generalitat, del acuerdo del pasado 21 de marzo de la Junta Electoral Central en relación a la retirada de lazos amarillos de edificios públicos de Cataluña. La Sala acuerda tramitar ahora el incidente como medida cautelar ordinaria, en el que se da un plazo de alegaciones a la parte contraria sobre la suspensión pretendida.

La Fiscalía Superior de Cataluña presentó el pasado 27 de marzo en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) una querella por desobediencia contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, al que acusa de desoír la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos y pancartas de apoyo a los políticos presos de los edificios de la Generalitat.

La querella relataba que el pasado 11 de marzo la Junta Electoral Central instó al presidente de la Generalitat a que retirara los lazos amarillos de los edificios públicos para "mantener la neutralidad política" en los procesos electorales.

El 18 de marzo la JEC ratificó su decisión. La Fiscalía cree que Torra desatendió el requerimiento "consciente y deliberadamente" y que mantuvo los lazos "de manera encubierta" utilizando "imágenes, figuras y simbología en general de la misma naturaleza ideológica y partidista".

Más tarde, el 21 de marzo, la JEC exigió al consejero de Interior, Miquel Buch, que actuara ante la “voluntad de desobedecer" demostrada por Torra. A su entender, el cambio de los lazos amarillos por otros de diferente color y con lemas a favor de los presos del `procés´ “no se puede entender como un intento de cumplimiento formal y no tiene otra finalidad que burlar los requerimientos emitidos por esta junta".