Así se refleja en el estudio de la autoridad fiscal ‘Los programas de rentas mínimas en España’, publicado este miércoles, en el que señala que la propuesta de los sindicatos permitiría mejorar la distribución de la renta en un 4% y reducir la tasa de pobreza extrema del actual 6,9% a un 5%, por lo que seguiría estando por encima de la media de la UE (3,5%). En concreto, la Airef estima que 1,1 millones de hogares se beneficiarían de la medida y que de 3,1 millones de personas viviendo en pobreza severa en España se pasaría a 2,2 millones, un 28,4% menos.

Esta propuesta debe su tramitación parlamentaria a una ILP promovida por los sindicatos CCOO y UGT en mayo de 2016, cuando la registraron, junto a 700.000 firmas de apoyo, en el Congreso de los Diputados. Más tarde, el Pleno del Congreso dio luz verde a la tramitación de la iniciativa en febrero de 2017, pese al voto negativo de Ciudadanos y PP, grupo este último que posteriormente presentó una enmienda a la totalidad para detenerla, siendo rechazada dicha enmienda por el Pleno de la Cámara Baja en septiembre de 2017, momento desde el cual no volvió a avanzar.

La Airef ha realizado este estudio después de que el Gobierno del PP se lo solicitara en marzo de 2018, a petición, a su vez, de la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados, tras las recomendaciones reiteradas del Consejo Europeo sobre la necesidad de fortalecer la última red de prestaciones económicas para conseguir mayores avances en al reducción de la pobreza.

La pobreza severa se define como la renta inferior al 30% de la mediana de renta disponible, lo que en España suponía, en 2017, estar por debajo de 355 euros al mes para un individuo y 746 euros al mes para un hogar de dos adultos y dos niños. El actual 6,9% de tasa de pobreza severa en el que se sitúa España es la segunda más alta de la UE, superada sólo por Rumanía.

DEBILIDADES

En su análisis, la Airef considera que la ILP tiene algunas debilidades en su diseño desde el punto de vista de su eficacia, institucionalidad y eficiencia, destacando la falta de focalización en su objetivo principal, principalmente en los requisitos que establece para acceder a la prestación.

En este sentido, el informe considera que el requisito de estar inscrito de manera ininterrumpida como demandante de empleo al menos durante los 12 meses anteriores a la solicitud supone identificar pobreza con desempleo de larga duración, lo que excluye a potenciales beneficiarios en situación de pobreza extrema, al tiempo que desincentiva a reincorporarse al mercado laboral.

Asimismo, la autoridad presidida por José Luis Escrivá considera que la combinación de límites de renta individuales con límites de renta por hogar para percibir la prestación impide focalizar la prestación en los colectivos más vulnerables.

En cuanto a las debilidades en el diseño institucional, el informe señala, por un lado, el solapamiento que se produciría con programas actuales tanto a nivel nacional como autonómico, y, por otro, la falta de integración con otras políticas como las sociales desarrolladas por las corporaciones locales. Además, considera que la ILP no define los sistemas de gestión, seguimiento y evaluación de la medida.

Sobre la eficiencia, el estudio estima que en situaciones de crisis graves y prolongadas la ILP podría llegar a alcanzar un coste de 11.000 millones, contextualizando este coste en la situación actual de déficit estructural de las administraciones públicas en España, superior a dos puntos del PIB y con un nivel de deuda cercano al 100%. Por ello, la Airef aboga por enmarcar la creación de esta prestación en una estrategia fiscal a medio plazo que asegure la sostenibilidad de las administraciones públicas.

PROPUESTAS

Con el objetivo de corregir las debilidades detectadas en la ILP, la Airef recomienda mejorar la eficiencia de la medida estableciendo como requisito principal para el acceso a la prestación la renta del hogar, estableciendo tramos de renta por hogar para los hogares pobres, pero focalizando la ayuda en la pobreza severa.

Además, sugiere eliminar los requisitos relativos a la situación laboral de los potenciales beneficiarios, hacer la prestación compatible con el empleo y evitar discontinuidades en la cuantía de la prestación.

Para mejorar el diseño institucional de la ILP, la Airef plantea simplificar el sistema de rentas mínimas, evitando el solapamiento entre las prestaciones de las distintas administraciones. Asimismo, también propone asegurar la complementariedad con otras políticas activas de empleo y la prestación de servicios sociales complementarios, establecer una ventanilla única a través de los trabajadores sociales de las corporaciones locales, implementar un sistema integrado de información de servicios sociales y conectado al Sistema de Información de Empleo (Sispe) y establecer como requisito la inscripción en la Agencia Tributaria para agilizar trámites y reducir el riesgo de fraude.

Por último, para asegurar la eficiencia y coherencia con la situación fiscal de España, el estudio propone encuadrar la iniciativa en un plan presupuestario a medio plazo que permita compensar el incremento estructural del gasto, así como asegurar el seguimiento y la evaluación continua del programa para asegurar sus eficacia y eficiencia.

La Airef, además, también incluye en su informe dos ejemplos de propuestas que mejorarían la eficacia, diseño y eficiencia de la ILP. Por un lado, propone que los beneficiarios que se encuentren por debajo del 20% de la mediana reciban una prestación equivalente al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltilples (Iprem), situado actualmente en 548,6 euros, y un complemento por hijo a cargo de 1.200 euros al año, con un máximo de tres hijos, mientras que los beneficiarios con ingresos entre el 20% y el 60% de la mediana recibirían sólo la ayuda por hijo a cargo. Esta propuesta, afectaría a 1,8 millones de hogares, mejoraría la distribución de la renta en un 4% y reduciría la tasa de pobreza severa un 60,4%, con un coste fiscal de 5.500 millones.

El segundo ejemplo propuesto por la Airef plantea que los hogares con ingresos por debajo del 30% de la mediana percibirían una ayuda decreciente desde el 80% hasta el 10% del Iprem y un complemento por hijo a cargo de 1.680 euros al año, mientras que los hogares con ingresos que oscilen entre el 30% y el 60% del Iprem percibirían una asignación por hijo a cargo de 1.200 euros al año. En este caso, la medida beneficiaría también a 1,8 millones de hogares, mejoraría la distribución de la renta en un 4,2% y reduciría la tasa de pobreza severa un 46%, con un coste fiscal de 5.500 millones.