La demanda la han elevado este lunes el presidente de ANCI, Jaime Lamo de Espinosa, en el marco de la Asamblea General anual celebrada por la organización en Madrid. Son, indicó Lamo de Espinosa, “peticiones inspiradas en la necesidad de crecimiento del sector, y ya no sólo por intereses sectoriales, sino por la necesidad de crear empleo”, reforzar los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social y “mejorar la vertebración interterritorial, la movilidad y fortalecer la cohesión social”.

Su demanda es que se articule un Pacto de Estado sobre Infraestructuras Terrestres por “no menos de 10 años” que garantice incrementos sucesivos de la inversión por encima del PIB para evitar “descolgarnos y lastrar” la competitividad ante los países del entorno. “No podemos permitirnos una España de dos velocidades y porque debemos paliar el déficit de más de 100.000 millones que acumulamos desde el inicio de la crisis”, alegan al respecto.

ANCI reclama un segundo Pacto de Estado del Agua al considerar “urgente” abordar la política de trasvases y de intercambio de Cuencas; y aboga por fijar el pago por uso en las carreteras para “garantizar una movilidad sostenible y socialmente responsable, asegurando el uso finalista de los recursos obtenidos en un fondo para infraestructuras”.

La asociación pide al Gobierno que además ejecute en su integridad los presupuestos, que desarrolle el Corredor del Mediterráneo, aborde “de forma definitiva y sin pausa” las obras del AVE a Extremadura-Lisboa y las de Cantabria, y garantice la rentabilidad de los proyectos en garantía de su ejecución. “Las limitaciones que viene presentando la Ley de Desindexación deben ser resueltas para presentar alternativas viables”, denuncia al respecto.

Las empresas constructoras medianas que representan piden además que el diseño de las licitaciones no impida el acceso a empresas no cotizadas, dejando en la práctica el acceso restringido a las más grandes. Para ello aconsejan dividir los concursos en lotes “racionales como norma general, tal y como establece la Ley de Contratos del Sector Público, para favorecer la igualdad de oportunidades, la concurrencia y la competencia”.