Así lo pone de manifiesto este organismo en el tercer estudio sobre revisión del gasto público en España, dedicado en esta ocasión a los programas de políticas activas de empleo.

Para sus cálculos, la Airef tiene en cuenta la información presupuestaria del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), de las comunidades autónomas, así como datos de demandantes de empleo y participantes en las políticas activas de empleo. No obstante, puntualiza que los datos suministrados son “insuficientes y de calidad mejorable”.

En cualquier caso, estima que en 2017 se gastaron en España entre 6.100 y 6.500 millones de euros en políticas destinadas al fomento del empleo, un gasto que si se mide en porcentaje de PIB se encuentra en línea con los niveles de otros países europeos, pero en porcentaje sobre el número de desempleados, España gasta menos que Alemania, Francia, Holanda o Dinamarca.

Por partida de gasto, la Airef indica que el 40% se destina a incentivos a la contratación, un 25% a formación, un 15% a la orientación y el 20% restante a otros recursos como apoyo al emprendimiento.

En este sentido, fuentes del organismo señalaron que los incentivos a la contratación “no parece que sean las políticas de empleo más adecuadas”, al constatar que, en otros países como Alemania, estos incentivos suponen menos porcentaje del gasto. El organismo no quiso dar más detalles al respecto, ya que está analizando esta partida concreta en otro estudio.

En el caso de la orientación de los desempleados, apuntaron que ésta funciona “relativamente bien” y es la menos costosa de todas, mientras la formación no tiene los efectos óptimos.

La Airef destaca que el sistema de subvenciones para las políticas activas de empleo, particularmente en la formación, es “bastante cuestionable” porque se reparte a través de convocatorias y si la formación genera beneficios económicos, éstos se retornan a la administración, mientras que si incurre en pérdidas, las asumen los centros de formación, lo que “podría causar incrementos artificiales en el volumen o importe de las facturas que se adjuntan”.

Asimismo, esta institución observa una atomización de la formación, concentrada en 22 centros nacionales de referencia para formación, 164 centros integrados de Formación Profesional y 14.000 centros habilitados, pero fuentes de la Airef matizaron que es difícil analizar la eficacia de la formación porque tampoco se disponen de todos los datos.

La Airef también detecta la falta de una adecuada coordinación con las comunidades autónomas en el reparto de los fondos para políticas activas de empleo que se lleva a cabo en las conferencias sectoriales.

PROPUESTAS DE MEJORA

Entre las propuestas de mejora de este organismo destaca la creación de áreas en los servicios públicos de empleo con especialistas dedicados a captar ofertas de empresas, como se hace en la Comunidad Valenciana y que, según la Airef, está siendo efectiva.

Del mismo modo considera que el contacto con las oficinas públicas debe ser constante y se deben definir perfiles de empleo en función de la demanda de las empresas. También pide incentivos para la plantilla de las oficinas públicas de empleo que logren buenos resultados de empleabilidad.

Por otra parte, la Airef apuesta por fomentar la cuantificación de los costes en la prestación del servicio y revisar la subvención como instrumento de financiación para fomentar la empleabilidad de los parados. Asimismo, cree que en España no se evalúan suficientemente las políticas activas de empleo, con lo que aboga por crear un grupo de especialistas para ello.

PLAN ‘PREPARA’, MEJORABLE

Como parte de este estudio, la Airef analiza el plan ‘Prepara’ orientado a parados de larga duración, que ya no está en vigor.

Para el periodo 2012-2017 se contabilizaron más de 850.000 beneficiarios, con un coste cercano a los 1,5 millones de euros.

La Airef concluye que este programa no mejora la probabilidad de que los parados se incorporen al mercado laboral, fundamentalmente durante los seis meses que dura la prestación.

Sin embargo, este programa sí ha tenido un impacto positivo a partir del primer año en Aragón, Navarra, País Vasco y La Rioja, según el estudio.