Así lo avanzó en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Hasta ahora, el Ejecutivo se había fijado como plazo para aprobar la reforma el primer trimestre del próximo año, aunque ya ha concretado que será antes de que acabe el primer mes del próximo año.

La aprobación de la reforma se producirá prácticamente un año después de que el Ejecutivo hiciera pública su propuesta de reforma de pensiones que fue enviada a la Comisión Parlamentaria sobre el Pacto de Toledo. Esta presentación se produjo el 29 de enero de este año.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, pidió hace sólo unas semanas a los diputados del Pacto de Toledo que acelerasen las negociaciones para acordar las recomendaciones sobre la reforma.

Una vez que estén listas estas recomendaciones, el Ejecutivo comenzará la negociación con los agentes sociales y, posteriormente, llevará la reforma al Consejo de Ministros el 28 de enero.

Según aseguró el vicepresidente, el hecho de que se adelante la fecha de la reforma "no significa que renunciemos a acuerdos, ni mucho menos", sino que "vamos a trabajar con más intensidad".

Rubalcaba añadió que el Gobierno ha decidido poner fecha a la reforma "para que todo el mundo sepa a qué atenerse".

MÁS ORIENTADORES

Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó también la prórroga hasta 2012 de los 1.500 orientadores contratados por los servicios públicos de empleo a los que se sumarán en febrero otros 1.500 orientadores adicionales.

Según explicó la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, estos orientadores se centrarán en ayudar a aquellos trabajadores que hayan finalizado el cobro de las prestaciones contributivas.

La contratación de estos nuevos 1.500 orientadores coincidirá en el tiempo con el fin de la ayuda de los 426 euros a los parados que hayan agotados sus prestaciones, de ahí que el Ejecutivo establezca que será este colectivo el prioritario.

Según datos del Gobierno, los 1.500 orientadores que se incorporaron a los servicios públicos de empleo dentro del Plan Extraordinario de Orientación Profesional, aprobado en abril de 2008, atendieron en 2009 a cerca de 900.000 personas y visitaron más de 40.000 empresas. Por su parte, en los 9 primeros meses del presente año un total de 710.068 demandantes de empleo han recibido acciones de orientación, formación e intermediación.

AGENCIAS PRIVADAS DE COLOCACIÓN

Asimismo, el Consejo de Ministros revisó un primer informe del ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, sobre la regulación de las agencias privadas de colocación.

Este borrador establece que los servicios de estas agencias deberán ser gratuitos para los trabajadores y añade que deberán atender a todas las personas desempleadas "respetando la igualdad de trato y la no discriminación".

Según el Gobierno, el incremento del desempleo en los dos últimos años "requería una mejora en el funcionamiento de la puesta en contacto de las ofertas de trabajo de las empresas con los trabajadores que buscan empleo".

Además, señala que las medidas destinadas a la mejora de la formación y la cualificación de los trabajadores "requieren de un tiempo para producir efectos", mientras que la situación actual del empleo "no admite demoras".

Por último, Salgado se refirió a las medidas para reducir el número de funcionarios que entra en el régimen de pensiones de clases pasivas de la Seguridad Social.

Según la vicepresidenta económica, a partir de enero de 2011 las personas que se incorporen a las administraciones públicas, "cualquiera que sea el cuerpo y la administración", se integrarán en la Seguridad Social para el cobro futuro de sus pensiones.

En la actualidad, de los 2,5 millones de personas que trabajan en el sector público, un millón están dentro de las clases pasivas mientras que 1,5 millones en la Seguridad Social.

Sin embargo, a partir de ahora todos estos trabajadores cotizarán en la Seguridad Social y sólo se mantendrán las clases pasivas para los miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.