Según informaron este sábado la Policía y la Guardia Civil, la organización criminal estaba asentada en Cádiz y Sevilla, desde donde distribuía enormes cantidades de droga que llegaba en barcos desde Centroamérica y Sudamerica.

Han sido detenidas 32 personas en España en el transcurso de las tres fases de la operación que dio comienzo en 2017. Se han intervenido un total de 4.844 kilogramos de cocaína, 43 vehículos y 87 propiedades inmobiliarias valoradas en 16 millones de euros.

La banda también disponía de cuatro embarcaciones, una de ellas de 43 metros de eslora, así como cuatro armas cortas, dos escopetas, un silenciador y seis millones de euros en efectivo entre otros efectos de gran valor. En la operación se han inmovilizado propiedades inmobiliarias por valor de 16 millones de euros y se han intervenido seis millones de euros en metálico.

TRAMA DESCENTRALIZADA

El comienzo de la investigación se remonta al primer trimestre de 2017, cuando se conoció de la existencia de una organización sospechosa de introducir en la península grandes partidas de cocaína mediante contenedores procedentes de Sudamérica y Centroamérica, que distribuía una vez superados los diferentes controles aduaneros.

Una vez analizada la información en poder de los tres organismos intervinientes se coordinó la explotación operativa en tres fases, en cada una de las cuales se ha atacado a las diferentes estructuras que conformaban la organización hasta conseguir la plena desarticulación tanto de su estructura operativa como de la directiva y financiera.

Inicialmente las pesquisas condujeron a los investigadores hasta un empresario afincado en Barcelona y titular de un entramado societario en España y Brasil. Esta persona facilitaba el establecimiento de contactos para la negociación en origen de importantes partidas de cocaína que estaban siendo introducidas en territorio español a través del Puerto de Algeciras.

Posteriormente se supo que la red criminal estaba fuertemente deslocalizada entre numerosos países de Centroamérica y Sudamérica, así como por multitud de provincias españolas. Destacaba el entramado inmobiliario que la banda poseía en Málaga, Cádiz, Madrid y Sevilla, de forma que era en la capital andaluza donde se custodiaba la droga hasta su distribución final.

Dentro la organización delictiva destacaba la figura de un empresario gaditano afincado en Sotogrande, pieza clave en la distribución y logística de las actividades ilegales. A principios de marzo del presente año se detuvo a este cabecilla junto a ocho integrantes más, en el transcurso de los diez registros llevados a cabo en la provincia de Cádiz, concretamente en Sotogrande, Algeciras y Alcalá de los Gazules.