Derechos Humanos
Un informe de los jesuitas pide el cierre de los CIE porque se consolida su "uso abusivo"
-Los jesuitas denuncian estos centros como lugares de "sufrimiento inútil" y piden políticas migratorias "que no criminalicen"
-El informe señala que dos terceras partes de los internos tienen procedencia argelina y marroquí y que en 2018 habría al menos 92 internos no reconocidos como menores

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El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) pidió este jueves el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) porque, según un informe que ha elaborado la institución católica, "se consolida el uso abusivo" de esas instalaciones como "herramienta en la lucha contra la inmigración irregular en la frontera sur".
Así se denunció durante la presentación de un informe en la sede del Defensor del Pueblo en Madrid, en un acto en el que el vicario episcopal para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación, José Luis Segovia, se sumó a esa petición de cierre. Considera que estos centros son "ilegales" porque "no deben ser instituciones penitenciarias; son "ilegítimos", al privar de libertad por meras faltas administrativas; tratan a los internos "como mercancías" para ser devueltos a su origen y son "disfuncionales", pues no cumplen ni "los teóricos fines para los que surgen", disuadir el movimiento migratorio.
El documento se hace eco de datos oficiales del Ministerio del Interior y del Defensor del Pueblo y de la información recabada por medio centenar de voluntarios que colaboran con el SJM y que en 2018 visitaron a 807 internos de CIE de Madrid, Barcelona, Valencia, Tarifa y Algeciras. Según precisó la coordinadora del SJM, Mª Carmen de la Fuente, el informe "no es representativo de todo lo que pasa en los CIE". "Hablamos de lo que hemos visto allí, más las cifras oficiales".
Pero, subrayó, el informe muestra que "los CIE son lugares de sufrimiento inútil, se vulneran los derechos, son lugres indignos para la vida y no tienen en cuenta las situaciones de vulnerabilidad". Por ello, pidió una "política migratoria que no discrimine ni criminalice".
DISCRIMINACIÓN EN ORIGEN
El documento, el noveno que publica la organización católica, pone el acento en la discriminación de origen sufrida por las personas internadas en los CIE durante 2018, ya que de las 90 nacionalidades detectadas, dos terceras partes de los internos tienen procedencia argelina y marroquí, subrayó durante la presentación el director de la Asociación Claver-SJM y autor del informe, Josep Buades.
Según el documento, en 2018 fueron internadas un total de 7.855 personas, lo que supone un 11% menos respecto al año anterior. El 98% eran hombres y el 78% del total fueron internadas por la apertura de un expediente de devolución por entrada ilegal en el país.
El autor también hizo hincapié en que el informe muestra un alarmante número de menores, pues en los datos oficiales se reconocieron como tales 89 internos, dato que casi duplica los 49 detectados el año anterior. Los jesuitas, en sus visitas, detectaron hasta 93 internos no reconocidos como menores, de los que 42 se concentrarían en Barcelona. Esto se debe, dijo, a una mayor llegada de inmigrantes por la fronera sur española y, en concreto, de menores de edad.
Además, según Interior, en 2018 aumentaron también el número de solicitudes de protección internacional desde los CIE hasta un total de 1.776, de las cuales el 30% fueron admitidas a tramites.
La duración de la estancia en los ocho CIE del territorio se redujo ligeramente hasta una media de 26 días. La cifra total de repatriaciones forzosas (suma de expulsiones y devoluciones) aumentó en un 22% hasta 11.384, por lo que se repatriaron más de 31 personas al día en 2018.
Para el autor del informe, la minoría de edad es una de las situaciones de vulnerabilidad detectadas, además de los internos en cuya situación "sería razonable" que solicitasen asilo, víctimas de trata, situaciones de aislamiento por falta de red de apoyo o comunicación e, incluso, problemas de salud física y mental. Los voluntarios también descubrieron en sus visitas problemas por cuestiones de identidad de género, aunque "no son muchos".
VULNERACIÓN DE DERECHOS
Durante la presentación, la abogada y coordinadora del programa CIE en Pueblos Unidos, Ana Bosch, denunció la "vulneración de derechos" detectadas por los voluntarios y las "barreras" que encuentran en el acceso a los internos. Destacó especialmente la "falta de traductores", el "clima penitenciario" de las instalaciones y múltiples carencias relacionadas con la salud, como que no se entregan informes médicos a los propios internos.
El coordinador de equipo CIE en SJM Valencia, Mustapha Mohamed-Lamin, repasó situaciones concretas a las que se enfrentan los voluntarios que ayudan a los internos en los CIE y lamentó que "nunca hay un final feliz desgraciadamente para el interno". "Nuestros voluntarios ven que casi nunca su objetivo se consigue, la libertad del interno, que muchas veces es fruto del azar", dijo.
(SERVIMEDIA)
06 Jun 2019
AHP/gja