Según dijo SM este sábado en una nota, la citada resolución, cuya suma en multas asciende casi a 34 millones de euros, “cuestiona un mecanismo que en todo momento ha sido público y transparente y del que era conocedora la propia CNMC”. Asimismo, SM comunicó “que disiente y rechaza rotundamente esta decisión que considera arbitraria y no fundamentada”.

“En dicha resolución se cuestiona un Código de Conducta, al que libremente se han adherido la práctica totalidad de las editoriales de libros de texto, que ha sido público y transparente en todo momento y del que era conocedora la CNMC”, matizó la nota.

La editorial también manifestó “que el fin inspirador del marco de buenas prácticas comerciales es el de garantizar la libertad de cátedra de los docentes y la elección de los libros por su valor pedagógico” y que de ese código de conducta existen “equivalentes en otros sectores y países”; y “en gran medida está fundamentado en recomendaciones del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIEPE) de la Unesco”.

SM recordó en su nota que cuenta “con más de 80 años de compromiso con la mejora de la calidad y equidad educativas”, y que ha venido “desarrollando su labor empresarial, respetando la libre competencia y siempre dentro del marco legal estatal y europeo vigente”.