El artículo 326.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la provisión de las plazas de magistrados del Tribunal Supremo y de cargos gubernativos “se basará en una convocatoria abierta que se publicará en el Boletín Oficial del Estado, cuyas bases, aprobadas por el Pleno, establecerán de forma clara y separada cada uno de los méritos que se vayan a tener en consideración, diferenciando las aptitudes de excelencia jurisdiccional de las gubernativas, y los méritos comunes de los específicos para determinado puesto”.

El precepto añade que “la convocatoria señalará pormenorizadamente la ponderación de cada uno de los méritos en la valoración global del candidato” y que “toda propuesta que se haya de elevar al Pleno deberá estar motivada y consignar individualmente la ponderación de cada uno de los méritos de la convocatoria”.

Cuando se convoquen las plazas, los aspirantes deberán aportar una relación de los méritos acreditativos de sus conocimientos jurídicos; un programa de actuación encaminado a la mejora del funcionamiento del órgano judicial; y una memoria que identifique las resoluciones jurisdiccionales de especial relevancia jurídica que hayan dictado.

Además, según las bases de convocatoria aprobadas, se considerará mérito específico el conocimiento de la situación del órgano judicial que se aspire a presidir, y el de los órganos unipersonales de su jurisdicción en el caso de las Audiencias Provinciales. También se valorará el tiempo de ejercicio en órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa (Salas de la Audiencia Nacional y del TSJ castellano-leonés) y de las jurisdicciones civil y penal (Audiencias Provinciales).

En el caso de los cargos gubernativos de órganos con sede en Galicia y en la Comunidad Valenciana se valorará asimismo la especialización en el Derecho Civil propio y el conocimiento de la lengua cooficial de la comunidad autónoma. Los candidatos que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria serán llamados por la Comisión Permanente a una comparecencia en la sede del CGPJ, que se celebrará en audiencia pública y que tendrá una duración máxima de una hora.

De los ocho cargos gubernativos cuyas bases de convocatoria se han aprobado, cinco obedecen al fin del mandato para el que fueron nombrados hace cinco años los presidentes de la Audiencia Nacional (José Ramón Navarro), de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de ese tribunal (Eduardo Menéndez), de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Castilla y León con sede en Burgos (María Concepción García Vicario) y de las Audiencias Provinciales de Valladolid (Feliciano Trebolle) y de Castellón (José Manuel Marco).

En los otros tres casos, la convocatoria se produce por la jubilación del titular, como Miguel Ángel Cadenas en el TSG-; por el nombramiento para otro cargo, José Luis Seoane Spiegelberg para ser magistrado del Tribunal Supremo; o por la elección como senador en las pasadas elecciones del 28 de abril, como sucede con Fernando de Rosa, hasta ahora presidente de la Audiencia de Valencia.