En un comunicado, el sindicato argumentó esta decisión de denunciar a Glovo señalando que a los repartidores de estas plataformas digitales “las empresas no les formalizan un contrato de trabajo y no les dan de alta como trabajadoras en el Régimen General de la Seguridad Social”.

En este sentido, UGT recuerda que “la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social ha levantado actas de infracción y de liquidación de cuotas contra estas empresas, y señaladamente contra la empresa Glovo”, sobre la que añade que “ha sido condenada en sede judicial, en procedimientos individuales por despido instados por los servicios jurídicos de UGT, reconociéndose la relación laboral de esas personas trabajadoras con Glovo”.

Asimismo, la central sindical denuncia que los repartidores de estas plataformas “se encuentran en una situación de necesidad social y de precariedad extrema en sus condiciones de trabajo, al percibir salarios que no alcanzan el mínimo interprofesional y realizar jornadas laborales extenuantes y a destajo”.

Además, critica que “Glovo, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impone a los trabajadores a su servicio condiciones laborales y de Seguridad Social, que perjudican, suprimen y restringen los derechos que tienen reconocidos por las disposiciones legales, conducta que se encuentra tipificada en el artículo 311.1 del Código Penal”.

El sindicato considera que la empresa “da ocupación simultáneamente a una pluralidad de trabajadores, que podrían ser varios miles de trabajadores, sin comunicar su alta en el Régimen General de la Seguridad Social”.

Por último, entiende que Glovo “infringe las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no facilitando los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que se ponen así en peligro grave su vida, salud o integridad física, conducta tipificada en el artículo 316 del Código Penal”.

Por todo ello, UGT solicita “que el Ministerio Fiscal realice la correspondiente investigación y puesta en conocimiento de los órganos judiciales del orden penal, para la determinación de la responsabilidad penal de la empresa Glovo con los efectos jurídicos correspondientes”.