El portavoz del grupo parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, fue el encargado de presentar este viernes en el Registro de la Cámara este escrito en un acto en el que estuvo acompañado por la secretaria general del GPVox, Macarena Olona, y el senador de Vox Francisco José Alcaraz, que presentará ante el Senado la misma petición en referencia, esta vez, al senador Raül Romeva.

El escrito presentado recuerda que “la condición de diputado lleva aneja una serie de derechos y deberes parlamentarios” entre los que figuran derechos económicos que, salvo circunstancias particulares, se devengan con carácter retroactivo desde la fecha de celebración de las elecciones (28 de abril).

En este sentido, y de acuerdo a la información publicada en la Intranet del Congreso, estas retribuciones e indemnizaciones serían, desde el pasado 28 de abril hasta la fecha de abono (finales de mayo), las siguientes: asignación mensual para los diputados (2.981,86) e indemnización por residencia distinta a Madrid (1.921,20), lo que suma un total de 4.903,06 euros para cada diputado al mes.

Una vez determinada la suspensión de los diputados Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Sànchez y Jordi Turull, Vox solicita que los efectos de esa suspensión se contemplen desde el 28 de abril y no desde el 21 de mayo, como señaló la Mesa tras el anuncio de la suspensión de los presos.

Espinosa de los Monteros indicó que la resolución judicial que acordó la situación de prisión preventiva de los diputados electos suspendidos “es muy anterior a la fecha en la que resultaron elegidos y, por tanto, muy anterior también a la del mencionado 21 de mayo de 2019”.

Por otro lado, y referido ya a la cuestión de la residencia fuera de Madrid, el escrito presentado por el GPVox recuerda que los diputados electos Junqueras, Rull, Sànchez y Turull “se encuentran residiendo temporalmente en el Centro Penitenciario Soto del Real en Madrid”, por lo que la indemnización de 1.921,20 que corresponde por no residir en Madrid “carece de causa y fundamento, y, por ende, en modo alguno procede su abono, teniendo en cuenta que el día de la Sesión Constitutiva los diputados se desplazaron al Congreso a costa del Estado, en vehículos policiales oficiales”. Así, el pago de indemnización por desplazamiento supondría que el Estado asumiera “un doble pago por un mismo concepto”.

Además de solicitar que no reciban sueldo alguno, el escrito del grupo parlamentario reclama también que los diputados electos presos "devuelvan todos los recursos materiales que el Congreso les haya entregado para el ejercicio de su función parlamentaria, como el iphone, la tablet, maletín de cuero y cualesquiera otros elementos materiales entregados”.