El informe, titulado 'Nadie puede protegernos: crímenes de guerra y abusos en el Estado de Rajine en Myanmar', indica que el Ejército de Myanmar (Tatmadaw) lleva este año matando e hiriendo a civiles en ataques distriminados, y que también ha llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y otros malos tratos, así como desapariciones forzadas.

El trabajo examina el periodo de intensas operaciones militares que siguió a los ataques coordinados del Ejército de Arakán (grupo armado de etnia rajine) contra varios puestos de la Policía el pasado 4 de enero. Las nuevas operaciones se iniciaron tras las instrucciones del Gobierno de “aplastar” a este grupo.

"Menos de dos años después de que la indignación sacudiera al mundo por las atrocidades en masa perpetradas contra la población rohingya, el Ejército de Myanmar vuelve a cometer terribles abusos contra los grupos étnicos en el estado de Rajine", comentó Nicholas Bequelin, director regional de Amnistía Internacional para Asia Oriental y el Sureste Asiático.

Bequelin indicó que "las nuevas operaciones en el estado de Rajine muestran a un ejército no rehabilitado, que sin mostrar arrepentimiento ni rendir cuentas aterroriza a la población civil y perpetra violaciones generalizadas como táctica deliberada".

Amnistía Internacional llevó a cabo 81 entrevistas, 54 de ellas sobre el terreno en el estado de Rajine a finales de marzo de 2019 y 27 a distancia con personas que viven en las zonas afectadas por el conflicto. Las personas consultadas son de etnia rajine, mro, rohingya o khami, y de religión budista, cristiana o musulmana. La organización analizó también fotos, vídeos e imágenes de satélite, y entrevistó a autoridades de ayuda humanitaria, activistas de derechos humanos y otras personas expertas.

Aunque en las comunidades de etnia rajine hay desde hace largo tiempo un descontento político hacia el Gobierno de Myanmar, el Ejército de Arakán está dirigido por una nueva generación de nacionalistas de etnia rajine. Este grupo armado, que actualmente tiene unos 7.000 combatientes, fue creado en 2009. Ha luchado junto con otras organizaciones étnicas armadas en el norte del país y en los últimos años ha tenido enfrentamientos esporádicos con el Ejército en Rajine y en el vecino estado de Chin. Los combates se intensificaron a finales de 2018.

NUEVAS UNIDADES

El informe de Amnistía Internacional desvela indicios de abusos cometidos por las tropas del Ejército implicadas en atroces crímenes cometidos en el pasado, incluidos determinados batallones y divisiones bajo el Mando Occidental. AI ha confirmado que las unidades recién desplegadas de las divisiones de Infantería Ligera números 22 y 55 son responsables de muchas de estas nuevas violaciones.

Basándose en entrevistas y en otros indicios, como imágenes de satélite, Amnistía Internacional documentó siete ataques ilegítimos en los que murieron 14 civiles y resultaron heridos al menos 29. La mayoría de estos ataques fueron indiscriminados y algunos pueden haber sido ataques directos contra la población civil.

El análisis de las imágenes de satélite confirma la destrucción de un edificio en el pueblo de Ywar Haung Taw, así como la presencia de nuevos elementos de artillería en la base de policía cercana.

Si bien las comunidades de etnia rajine se han llevado la peor parte de las violaciones perpetradas por el ejército en esta campaña, otras comunidades, incluida la rohingya, también han sufrido. Amnistía Internacional también ha documentado la desaparición forzada de seis hombres a mediados de febrero, uno de etnia mro y cinco de etnia rajine. Una mujer dijo haber visto a uno de los hombres bajo custodia del ejército. Desde entonces, los familiares de estos hombres no han tenido información alguna sobre su destino ni su paradero.

EMBARGO TOTAL DE ARMAS

A pesar de que esta última oleada de violencia ha ocasionado el desplazamiento de más de 30.000 personas, las autoridades de Myanmar han bloqueado el acceso de ayuda humanitaria a las zonas afectadas. "Las autoridades están agravando el sufrimiento de la población civil al bloquear el suministro de medicamentos, alimentos y ayuda humanitaria a quienes lo necesitan, incluidos niños y niñas", comentó Bequelin.

Si bien el Ejército de Myanmar era responsable de la mayoría de las violaciones documentadas por Amnistía Internacional, el Ejército de Arakán también ha cometido abusos contra la población civil, incluidos secuestros, según el informe.

La última operación del Ejército de Myanmar en Rajine se lanzó menos de 18 meses después de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por las fuerzas de seguridad myanmaras contra la población rohingya. Más de 900.000 personas de etnia rohingya siguen viviendo en campos de refugiados en el vecino Bangladesh, y el nuevo informe de Amnistía proporciona aún más evidencias de que para ellas no es seguro volver.

Ante la ausencia de rendición de cuentas en el ámbito nacional, Amnistía Internacional urgió al Consejo de Seguridad de la ONU a remitir esta situación a la Corte Penal Internacional (CPI) e imponga un embargo total de armas, al tiempo que planteó que los socios internacionales de Myanmar se replanteen sus relaciones con los líderes militares del país y sancionen a altos mandos a través de órganos multilaterales como la UE y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.