Así se desprende del texto al que tuvo acceso Servimedia y que a lo largo de la tarde se presentará con la firma del secretario general del PP, Teodoro García Egea, a la Fiscalía, tal y como había anunciado el presidente del PP, Pablo Casado, ante las declaraciones de los diputados presos, “asimilables a la injuria”, con contenidos que han supuesto “un ataque y vilipendio de carácter infamante a la imagen y prestigio de la nación española”.

En su escrito, el PP plantea como objeto de denuncia que Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull fueron conducidos al Congreso de los Diputados con la finalidad de cumplimentar personalmente los trámites de presentación de la credencial y de declaración de actividades, en su condición de diputados electos, y aprovecharon para realizar y grabar declaraciones para su difusión, “quebrantando de modo consciente y preconcebido el mandato del Alto Tribunal”.

Para el partido liderado por Casado, estas actitudes revelan “la ejecución de un plan preconcebido e ideado por los mismos, con el deliberado y firme propósito de incumplir el mandato judicial, conocido por todos, y de ofender y menospreciar al Estado español con sus declaraciones, aprovechando idéntica ocasión”.

El PP argumenta que estas conductas del 20 de mayo se llevaron a cabo “de modo preconcebido y planificado previamente con la finalidad de ultrajar a España y sus instituciones, en clara contravención a lo acordado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo”, y revelarían “el más absoluto desprecio a España y a las instituciones del Estado, en particular al Congreso de los Diputados y a la autoridad del propio Tribunal que está conociendo del juicio oral que les afecta, y que ha permitido su salida de prisión”.

“El contenido de las mismas en modo alguno puede incardinarse en la libertad de expresión”, sostienen, ya que consideran que se revelan en estos vídeos palabras “de grave ofensa a España como nación y a las instituciones que la integran” por contener “expresiones injuriosas y calumniosas que lesionan la dignidad de las instituciones del Estado y del propio Tribunal Supremo”.