Sans declaró este miércoles como testigo ante la sala del Tribunal Supremo que juzga el ‘procés’. Según explicó, la cesión de espacios públicos para actividades lúdicas se rige por el decreto 222/1996, “uno de cuyos objetivos es dar soporte a las entidades sociales”, apuntó.

Igual que otros testigos, defendió que la cesión de estos espacios es habitual en Cataluña y no se limitó a la noche previa al 1-O. Las acusaciones tratan de demostrar que aquella noche se ‘ocuparon’ los centros para facilitar la votación.

En este sentido, recordó que al año “hacemos unas 9.000 cesiones de espacio a entidades, son unas 1.000, y de estas unas 500 son fuera del horario habitual”. Además, continuó, “no se cobra nada por la cesión de los equipamientos cívicos y centros de mayores”, que, subrayó, también abren los fines de semana.

A preguntas de la abogada del Estado, Sans insistió en que era habitual la cesión de espacios fuera del horario habitual, y ante la duda de la letrada, la testigo apuntó que hubo otros fines de semana que incluso se recibieron más peticiones.

Respecto al día antes al 1-O, Sans explicó que desde el departamento de Dolors Bassa enviaron un correo el 29 de septiembre indicando que tenían que cumplir las órdenes judiciales y policiales. En concentro, destacó, recibieron 12 peticiones para realizar actividades aquella noche. “Se les autorizó porque reunían los requisitos”, aunque, agregó, “se envió un correo para recordar que se autorizaban como máximo hasta las 6 de la mañana porque era una recomendación de los Mossos”.

Sobre esta cesión de espacios públicos aclaró que “solo se deniegan si tienen un objetivo privado o un beneficio económico”, de modo que aquel día se autorizaron todas. Además, destacó que como trabajadora de la consejería no recibió instrucciones para compatibilizar la votación en los centros, como es habitual en una jornada electoral, aunque reconoció que los responsables de los centros estaban nerviosos porque no tenían información sobre lo que pasaría el 1-O. Sin embargo, indicó que no tenía constancia de una denuncia de una responsable de un centro ocupacional de Barcelona. “No es competencia nuestra”, manifestó.

A preguntas de la fiscalía, Sans reconoció que durante su trayectoria profesional en el departamento de Trabajo nunca había tenido conocimiento de una avocación de competencias por parte de la consejera. “¿Sabía que los responsables de los centros dejaban de tener competencias y pasaba a tenerlas la señora Bassa hasta el 2 de octubre?”. “Lo que entendí por la prensa sí era eso, pero no lo sabía”, concluyó.

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT

Por su parte, el asesor del Gabinete de Presidencia del Parlament de Cataluña, Jordi Martínez, explicó este miércoles que él era el encargado de gestionar las redes sociales de Carme Forcadell. En este sentido, detalló que generalmente consultaba los tuits a la presidenta, pero si por el momento no podía hacerlo los publicaba. Fue lo que ocurrió el 1-O cuando desde la cuenta de la presidenta publicó un tuit dando las gracias a la gente por ir a votar.

Respecto al 20-S, achacó a un error de Twitter el tuit publicado desde este perfil a primera hora, ya que, según apuntó, fue publicado sobre las 18.00 horas cuando Forcadell abandonaba la concentración. Además, relató que estuvo allí con la presidenta del Parlament aproximadamente una hora. Forcadell saludó a Junqueras y otras autoridades que estaban allí y se fue. “En ningún momento se dirigió a los concentrados”, apuntó.

Se trasladaron en coche a Economía, pero no pasaron por la Consejería de Exteriores, aclaró, y cuando llegaron aparcaron en una calle adyacente y accedieron hasta la puerta a través del pasillo de voluntarios de la ANC.

También declaró Ricard Gené, miembro del Secretariado Nacional de la ANC durante la presidencia de Carme Forcadell. Según relató, la ANC “desde sus inicios, como tantas otras entidades, redactó una hoja de ruta propia, elaborada por la Comisión Política y aprobada, tras las enmiendas, por la Junta Directiva y los socios”. Esta hoja de ruta descartó que tuviese relación con el Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña.

En la redacción de la hoja de ruta de la ANC, apuntó, “no creo que Forcadell haya tenido ninguna participación, más allá de que haya podido dar su opinión en algún momento”.

Además, durante su declaración reivindicó el “pacifismo” de la entidad. “La ANC organizaba manifestaciones muy multitudinarias y esas manifestaciones comportan una necesidad de logística muy compleja”. De no haber tenido esta ideología, añadió, “no hubiera tenido el éxito que tuvo”.

“NO GASTAR DINERO POR EL REFERÉNDUM”

A continuación declaró Enric Vinaixa i Bonet, que era director general de Relaciones Laborales e Igualdad en el Departamento de Trabajo de la Generalitat, que durante los tiempos del `procés´ estaba bajo dirección de Dolors Bassa.

El interrogatorio, en su caso, se centró en los detalles sobre las huelgas convocadas con posterioridad a la celebración del referéndum del 1 de octubre. Según declaró, en esas convocatorias de huelga se aplicaron los criterios “habituales” para los servicios mínimos y referenció las decisiones tomadas en ese terreno a los llamados "acuerdos en frío" acordados con los agentes sociales en ausencia de conflicto y que sirven como "referencia" para dictar esos servicios.

Ángel Cortadelles, exdirector de servicios del Departamento de Justicia dirigido por Carles Mundó, fue el siguiente testigo en declarar. Su testimonio trata de demostrar que Mundó no participó en ningún tipo de contratación vinculada al referéndum del 1-O. El exconseller está acusado de malversación y es uno de los tres acusados que se encuentra en libertad provisional.

El testigo aseguró a preguntas de la defensa que recibió "instrucciones expresas de no gastar dinero por el referéndum” y puntualizó, además, que el departamento de Justicia nunca trabajaba con Unipost, ya que los servicios postales de esta consellería “los hacía Correos”. Según Cortadelles, desde una consellería concreta "no se puede acceder a través de los aplicativos a contratación que no sea de ámbito de tu competencia". Señaló, además, que los presupuestos están asignados "a órganos de la administración", no al Gobierno en general.

Ya en respuesta a preguntas del fiscal Jaime Moreno, el testigo aseguró que tenía conocimiento de que la disposición adicional 40, que contenía un presupuesto para el referéndum, había sido suspendida. "Tuve conocimiento por los medios de comunicación, pero no me afectaba al presupuesto del departamento”, insistió.