En una nota, la organización subrayó que, por ejemplo, el estatuto “soluciona el problema presupuestario cargando el gasto a los propios centros de investigación donde estuviera contratado el trabajador, librándose las cuentas estatales de los gastos adicionales que acarrea la medida”.

Por ello, “las universidades y OPIs (Organismos Públicos de Investigación) se han encontrado súbitamente con un gasto no contemplado que habían de asumir, y ante el que no parecían estar preparados”. “La Administración se lava las manos, muy ocupada con las elecciones”, añaden los investigadores, panorama ante el que hay que esperar una “respuesta” jurídica si se pueden negar o no a ello, mientras la subida de sueldo que contempla el estatuto “se ha paralizado de forma unilateral por parte de las universidades”.

“Al final, lamentablemente, los perjudicados son los de siempre, los jóvenes científicos”, concluye la Federación Jóvenes Investigadores Precarios.