Según esta alta funcionaria, ella personalmente ha rastreado la existencia de esos posibles contratos de los que nunca encontró rastro alguno, entre otros motivos, para poder dar respuesta a preguntas parlamentarias sobre ellos.

En respuesta al abogado de la defensa Francesc Homs, la testigo explicó que "cuando un contrato queda desierto, queda liberado el crédito reservado inicialmente y se reincorpora al presupuesto público. En ese caso no hay ninguna obligación de pago por parte de la administración”.

La testigo relató con detalle todo el procedimiento administrativo de contratación de la administración pública, tan prolija llegó a ser que el juez Marchena le pidió ser más explícita para “aliviar” el contenido de la declaración. "Los expedientes de contratación son públicos y se gestionan electrónicamente. Diariamente se envía toda la información al registro estatal", aseguró.

Según indicó, "el sistema no permite pasar al siguiente paso si no se ha realizado el siguiente trámite y todo queda absolutamente registrado”. Corretja ha sido llamada por la defensa para declarar en relación con el delito de malversación del que también están acusados varios de los líderes independentistas que se sientan en el banquillo. Se trata de aclarar con su testimonio si el supuesto desvío de fondos públicos se produce cuando se compromete el gasto o cuando se realiza la prestación.

Sobre el acuerdo marco de servicios postales para el referéndum, la directora general de Contratación dijo que “lo conocía”. Se trataba de una tramitación simplificada que estaba prorrogado hasta septiembre de 2017. “No tenía concreción de condiciones” y constaba de “tres lotes, dos adjudicados a Correos y uno adjudicado a Unipost, porque no podían adjudicarse los tres lotes a la misma empresa”. El lote adjudicado a Unipost “correspondía a cinco departamentos de la Generalitat".

Según su testimonio, todos los contratos de la Generalitat "se publican en el portal de Transparencia". Corretja admitió que tras la aprobación de la ley del referéndum por el Parlament el 6 de septiembre, y la posibilidad de que hubiera contrataciones para la realización del referéndum ilegal le “inquietó”, aunque “me tranquilizó que entre el 6 de septiembre y el 1 de octubre era materialmente imposible realizar cualquier contrato y el Govern no tienen los recursos técnicos y económicos para realizarlo”.

A preguntas de la Fiscalía, aseguró que el objeto de un contrato autorizado no puede cambiarse durante su tramitación: “Quedaría reflejado y algún órgano de control se daría cuenta”. En caso de irregularidad “se abre un expediente de revisión de oficio para su anulación”.

Preguntada por si conocía a Toni Molons, el “tal Toni” al que se han referido varios de los testigos como la persona que contrató servicios postales y de publicidad del referéndum en nombre de la Generalitat, Corretja dijo que “personalmente no le conozco”.

Para el explicar el rechazo al pago de las facturas de Unipost que se pasaron a cobro dos veces y fueron rechazadas, la responsable de Contratación dijo que "formalmente no cumplía los requisitos necesarios". A la pregunta de si los contratos para el 1-O se podrían haber realizado a través de Òmnium Cultural dijo: "Me parecería bastante increíble, me parece inimaginable".

En relación a la posibilidad de contratos irregulares, Corretja defendió que "la ley de transparencia catalana es muchísimo más exigente que la ley española” y que "en la Generalitat hay un control muy exhaustivo de determinados contratos, incluso menores”.