En una entrevista concedida a Servimedia, el máximo responsable de ATA se refirió a las subidas de impuestos para las grandes empresas que el Gobierno prevé llevar a cabo, a la luz de las medidas comunicadas a la Comisión Europea en su ‘Programa de Estabilidad’, como es establecer un tipo mínimo efectivo del impuesto de Sociedades del 15% para las empresas que tributan al 25%, y un mínimo efectivo del 18% para las que tributan al 30%.

En opinión de Amor, elevar la presión fiscal para las compañías más grandes supone que finalmente la paguen los proveedores. “Preocupémonos, que esos impuestos que van a pagar las grandes empresas no los va a pagar precisamente el Consejo de Administración de esa gran empresa, los pagaremos los clientes de esas grandes empresas, y si no los clientes, los proveedores, gran parte de esos proveedores son autónomos y pymes”.

El presidente de ATA abogó por “ayudar al emprendedor” e incentivar que las empresas ganen tamaño, y lamentó que, en su lugar, se penalice. Recordó la previsión de empleo de su organización para este año, de unos 330.000 empleos, por debajo de los más de 500.000 puestos de trabajo que se crearon en 2018.

Precisamente, Amor señaló que “el éxito del empleo en España va a venir por ganar tamaño empresarial”.

El dirigente de la organización de autónomos más representativa en España también hizo mención de la reforma laboral de 2012 y los planes del Gobierno para derogarla, que, dado el reparto de escaños en el Parlamento tras las elecciones generales, podría ser más factible. Para Amor, “derogar la reforma laboral con 500.000 empleos anuales es pegarse un tiro en el pie”.

Aunque reconoció que hay aspectos que se tienen que “retocar”, consideró que no se debe derogar al completo.

En cuanto a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros mensuales y la posibilidad de que se eleve a los 1.000 euros mensuales, como reclaman los sindicatos, el presidente de ATA pidió precaución para no “asfixiar mucho la generación de empleo”.

Destacó que, según las previsiones de algunos organismos, la subida del 22,3% va a pasar una factura de casi 150.000 empleos en dos años.

También quiso mencionar el real decreto de medidas laborales aprobado en diciembre, que eliminaba bonificaciones a la contratación, para decir que “está teniendo su efecto”, los autónomos afiliados están creciendo a menor ritmo que el año pasado y que “en España, todavía siguen cerrándose muchos negocios”. Todo ello sumado a un contexto de desaceleración en el que se “frenan inversiones” y creación de empleo estable.

A su juicio, quedan reformas pendientes como la de pensiones o la del sector energético que requieren de diálogo y un gobierno estable.