El estudio, que fue dado a conocer este miércoles en una rueda de prensa en Madrid, lleva por título 'Las empresas con propósito y el auge del cuarto sector en Iberoamérica' y se refiere a las compañías y entidades que, junto a su viabilidad económica, buscan el desarrollo social y la protección del medio ambiente. Este tipo de actividad viene siendo conocida en España como Tercer Sector.

El estudio fue presentado por la responsable de la Secretaría General Iberoamericana, Rebeca Grynspan; el autor del informe, Diego Rubio, que es consejero político de la Segib y director ejecutivo del Center for the Governance of Change de IE University; y Filipa Pires, economista especializada en economía social y conocedora de este sector en Portugal.

La investigación ha analizado la economía social en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Portugal y España, donde se ha constatado que ya hay 170.000 firmas “que, además del lucro, buscan tener un impacto social y medioambiental positivo”. Estas compañías emplean a unos 10 millones de trabajadores al año.

2,1 MILLONES DE EMPLEADOS

Por lo que se refiere a España, donde el llamado ‘Cuarto Sector’ del estudio viene siendo conocido como Tercer Sector, se indica que la economía social cuenta ya con 35.040 entidades, que dan trabajo a 2.196.907 personas.

Además, la economía social en España genera ya 160.000 millones del PIB español, lo que supone un 0,55% del total del país. Este informe refleja que el modelo más implantado es la cooperativa, de las que hay 20.958 en España, con 1,8 millones de trabajadores, a las que siguen las sociedades laborales, que son 9.234 y 63.471 empleados, y otras empresas de economía social, que son 3.784 y 196.658 trabajadores.

Asimismo, se apunta que en España hay un total de 576 centros especiales de empleo, que dan trabajo a 92.102 personas. Además, hay 287 mutualidades, con 1.380 empleados, así como 201 empresas de inserción, con 201 trabajadores.

Las cifras de la economía social en España son, junto a las de México, las más destacadas de los países analizados, entre los que también están Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Portugal. Así, frente a las 35.040 entidades del sector en España hay 60.402 en México, aunque las mismas generan en el país azteca unos 60.923 millones de euros del PIB al año, mientras que para la economía española son 160.000 millones.

“FALTA UN ECOSISTEMA PROPICIO”

El estudio presentado este miércoles también analiza la economía social por país y plantea las mejoras necesarias. En el caso de España, se explica que “el cuarto sector no ha sido introducido en las políticas ni en la legislación españolas”, aunque un “precedente” del mismo es la “economía social”, que tiene su propia legislación y planes, aprobados en 2011, 2015 y 2018.

Se añade que el “emprendimiento social” es una “realidad incipiente” y con “mucha actividad”, aunque “no dispone de reconocimiento institucional ni de regulación específica”. A este respecto, el informe sugiere que en España se camine hacia un “marco jurídico común” para la economía social, se le dé “mayor reconocimiento y visibilidad” y aumentar la colaboración con el sector público.

Por su parte, Grynspan explicó que con este estudio tiene como objetivo destacar la necesidad de que el sector empresarial de Iberoamérica tome parte en la consecución de los objetivos de la Agenda 2030, ya que éstos no se lograrán “al margen de la economía”.

“Necesitamos tener un crecimiento que no destruya el planeta ni los tejidos sociales”, afirmó Grynspan, quien se refirió a que las empresas de la economía social cumplen esta función, por lo que es necesario que en los distintos países se les ayude con el entorno normativo, fiscal y de financiación.

A este respecto, Diego Rubio, autor del informe, se refirió a que puede concluirse que “falta un ecosistema propicio” para la economía social en Iberoamérica, ya que no faltan iniciativas en el sector, sino que cuando estas sociedades se mantienen, no crecen al mismo ritmo que las empresas tradicionales. A su juicio, esto requiere mejorar el sistema normativo, la financiación y el asesoramiento a estas entidades para que puedan crecer sin descuidar sus objetivos de sostenibilidad social y medioambiental.