Así lo aseguró durante un debate organizado por Servimedia con Plena Inclusión sobre educación inclusiva, en el que también participaron el director de Aleph-TEA, Pedro del Río; la responsable del Departamento Jurídico de Plena Inclusión España, Inés de Araoz; y Macu Blanco, madre de un joven con discapacidad intelectual alumno del colegio San Ignacio de Loyola.

El proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación (Lomloe) apunta, en su disposición adicional cuarta, a desarrollar un plan para que “en el plazo de diez años”, según pide la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, “los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”.

“Este proceso ha sido lento y hay que darle un impulso”, reconoció Celaá, que apunta a que “lo primero” debe ser el desarrollo de la legislación que el Gobierno ha puesto “en pista” y con el real decreto que la desarrolle “para que tenga un plan”. “Y luego con mucha participación, es decir el acuerdo entre centros, familias y organizaciones”, pues “es una cuestión muy compleja” y que “no se puede hacer desde arriba”.

El texto que remitió a las Cortes el Consejo de Ministros el pasado 15 de febrero quedó finalmente en nada cuando se disolvió el Parlamento y se convocaron oficialmente las elecciones generales. Pero el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez podrá aprovechar el texto y reiniciar la tramitación parlamentaria para que se apruebe durante el próximo curso y entre en vigor en el curso 2020/21.

Ese proyecto concreta que “las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”.

Durante el debate, que contó con la presencia del vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán, y del presidente de Plena Inclusión, Santiago López Noguera, la ministra también indicó que “debe corregirse de manera inmediata” que el sistema pueda considerar que un alumno con necesidades educativas especiales salga con la calificación “sin estudios” después de haber pasado por un centro durante más de una década. “Tendremos que resetearlo”, apuntó, en referencia a una posible modificación de la Lomloe en ese aspecto.

En este punto, Celaá recordó que la Lomce “es la ley vigente” mientras no se apruebe otra y que “la educación inclusiva puede ser un principio pero no es un derecho en la legislación vigente española, como dice la Convención de la ONU”. “Queremos que toda la legislación se ajuste a la Agenda 2030”, añadió.

ALUMNO MEDIO

La responsable de las políticas educativas del Gobierno en funciones apostó asimismo por impulsar la educación individualizada, ya que “por definición el alumno medio no existe”. Para ello, se requiere una formación del profesorado “más específica” y con “una sensibilidad”.

“En el contexto general de educación personalizada, todos los alumnos son diferentes”, dijo sobre dar el mismo modelo de aprendizaje “a quienes no aprenden de la misma manera”. Por ello, agregó, entiende la educación inclusiva “como un derecho”, aunque reconoció que también es “compleja, cara, requiere recursos” y una preparación del sistema “más específica que la que ahora tenemos en términos de formación del profesorado”.

La ministra, que también considera que “toda educación debe ser inclusiva”, apuntó asimismo a trabajar sobre el currículum, retirando los “elementos accesorios” para que los alumnos con necesidades especiales que estudien en un centro tengan “un dictamen acorde”.

Sobre esos dictámenes, dijo que “todavía tienen una perspectiva de demasiado rehabilitador terapéutico, en términos más de déficit que de apoyo” y “pueden echar atrás todo un itinerario escolar”. “Hay que tener mucho cuidado con ellos”. Así, propuso como solución que los inspectores tengan “una formación muy específica” sobre ese alumnado, “porque tienen peso, y hay que ponerles en una óptica de cómo se puede resolver”.

Según Celaá, también se tendrán que adaptar los centros, “no sólo en términos de accesibilidad”, sino con profesionales, si no cuentan con ellos, como psicopedagogos, logopedas, enfermeros y fisioterapeutas. El país referente en esta materia, reconoció, es Portugal por la buena evolución que ha tenido en los últimos años.