Con motivo del Día Nacional de la Convención que por primera vez se celebra este 3 de mayo, Plena Inclusión instó al Ejecutivo que saldrá tras las elecciones generales del pasado 28 de abril a corregir los "notables incumplimientos" que el Comité apuntó.

Entre ellos, destacó la denegación de "los ajustes razonables" para el acceso al empleo, a la educación y a otros servicios por parte de las personas con discapacidad, que supone "una forma de discriminación"; y la formación continua de los profesionales en todos los ámbitos sociales (educativo, salud, judicial, policial, etc.).

Asimismo, urgió a reformar el Código civil y otras leyes del derecho privado para acabar con la sustitución en la toma de decisiones de las personas incapacitadas judicialmente; modificar el Código Penal a fin de eliminar la esterilización forzosa de las personas con discapacidad, y reconocer por ley la asistencia personal como un derecho.

También reclamó la garantía de privacidad a las personas que residen en instituciones; entender la educación inclusiva como derecho; aplicar la cuota de reserva en el empleo para este colectivo; asegurar la accesibilidad de los procesos electorales, y recabar datos y estadísticas.

El informe de Naciones Unidas hacía además especial hincapié en el reconocimiento real del artículo 13, vinculado al acceso a la Justicia, que demanda garantías de disponibilidad de ajustes de procedimiento a las personas con discapacidad investigadas o imputadas durante todas las fases del procedimiento, así como la necesidad de formación continua a todos los operadores jurídicos y policiales.

En sus conclusiones, el comité de la ONU también instó al Estado español a que se adopten “medidas eficaces para identificar, prevenir y proteger a mujeres y niñas con discapacidad contra la discriminación múltiple, en particular, mujeres y niñas con discapacidad intelectual o psicosocial”.

En cuanto a los niños y niñas con discapacidad, el documento de Naciones Unidas demanda que de “forma inmediata” se ponga fin a la institucionalización y que se adopte una estrategia que promueva entornos familiares seguros y con apoyo en la comunidad, con los plazos y la dotación presupuestaria necesarios.

“Desde Plena Inclusión España ofrecemos el apoyo técnico que el nuevo Ejecutivo requiera porque entendemos como prioritario el cumplimiento de los compromisos que asumió el Estado español al firmar el Convenio de la ONU”, afirmó la organización.