Así figura en el Programa de Estabilidad 2019-2022 remitido a la Comisión Europea donde relata sus previsiones macroeconómicas y proyección de unas cuentas públicas donde perseguirá como objetivo clave borrar en 2022 un déficit público que el pasado ejercicio quedó en el 2,47% del PIB.

El principal contribuyente al Erario de su reforma vendrá de la mano de la modificación en el impuesto de sociedades. Espera sumar 1.776 millones al año limitando las exenciones y obligando a una tributación mínima del 15% sobre la base imponible a las sociedades –del 18% para bancos y energéticas, que tributan al 30%- “buscando una mayor contribución de las grandes empresas y grupos consolidados”.

Para las pymes plantea, en cambio, rebajar el tipo nominal del impuesto del 25 al 23% por ciento, y eso tendrá un coste de 260 millones de euros en menos recaudación.

Pero esta merma la compensará y superará con otras medidas como el incremento de dos puntos en el IRPF a los contribuyentes con rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos en la parte que exceda de 300.000 euros con la tesis de que paguen más aquellos más favorecidos. Solo esta medida estima que ingresará 328 millones extras cada año a las arcas públicas.

La mayor expectativa de contribución, tras el impuesto a las grandes empresas, descansa, sin embargo, en la creación de un nuevo tributo sobre las transacciones financieras o Tasa Tobin, que subiría 850 millones al contador, y la Tasa Google o para determinados servicios digitales, con otros 1.200 millones extras al año.

El Gobierno espera recaudar 670 millones adicionales con la ‘fiscalidad verde’ -se incrementa la aplicable a los gasóleos de uso profesional, sin afectar a transportistas y agricultores-, y que defiende como una medida para proteger el medioambiente y no por un fin recaudatorio.

El incremento en el impuesto del patrimonio añadiría otros 339 millones anuales, y en la lucha contra el fraude confía en levantar otros 828 millones por una triple actuación: limitando los pagos en efectivo, reforzando la vigilancia sobre las listas de morosos y con la adopción de las mejores prácticas internacionales en esta batalla contra el fraude.