Así se recoge en el Programa de Estabilidad 2019-2022 aprobado este martes por el Consejo de Ministros para su remisión a Bruselas, donde se detalla la senda de consolidación fiscal y la actualización del cuadro macroeconómico, así como el Plan Nacional de Reformas para el presente ejercicio.

Su previsión es que el déficit pase del 2,47% con el que concluyó el año pasado, a un 2% a lo largo del presente ejercicio para continuar descendiendo al 1,1% durante 2020 y al 0,4% en 2021 hasta alcanzar la situación de equilibrio durante 2022.

En el Programa de Estabilidad relata que, a pesar de no haberse podido aprobar un nuevo Presupuesto para 2019 que “hubiera permitido conseguir un mayor ajuste en las cuentas públicas”, las medidas adicionales de ingresos adoptadas aumentarán la recaudación en casi 3.800 millones de euros este año. Dichos recursos, junto a la “moderación del gasto público”, serán las claves para ajustar llevar el déficit al 2% del PIB.

Dicho guarismo estará repartido en un 0,5% de déficit para la Administración Central frente al 1,4% contabilizado el pasado año; el 0,3% para las comunidades autónomas (versus 0,3%) y un 1,2% para la Seguridad Social (frente al 1,2% anterior). En corporaciones locales espera equilibrio presupuestario, cuando el pasado año lograron un superávit del 0,5%.

En 2020 la Seguridad Social sería la responsable de un 0,9% del 1,1% previsto de déficit total (las comunidades autónomas y Administración Central del resto) y en 2021 su desequilibrio financiero sería el único responsable del desfase esperado del 0,4%. Su entrada en equilibrio un año después pondrá igualmente fin a proceso de ajuste del déficit en la economía, conforme a las previsiones del Ejecutivo.

La intención declarada del Gobierno es destinar los ingresos o ahorros excepcionales (por ejemplo derivados de la reducción de tipos de interés) a la “reducción adicional del déficit o de la deuda pública”.

Su previsión es, de hecho, destinar el superávit primario que prevé registrará la economía desde este año a acelerar el ritmo de reducción de la ratio de deuda pública sobre PIB, hasta situarla por debajo del 88,7% al final del horizonte de previsión en 2022, frente al 97,1% con que concluyó el pasado ejercicio.

El Programa de Estabilidad subraya que el esfuerzo fiscal se reflejará también en la evolución de los niveles de gasto e ingresos públicos. Conforme a sus cálculos, en 2019 los ingresos públicos aumentarán y el gasto público se reducirá ligeramente hasta el 39%, y el 41% del PIB, respectivamente.

La intención es que continúe esta tendencia hasta lograr en 2022 que los ingresos públicos y el gasto público en términos del PIB se aproxime al 41%, dando prioridad al gasto relacionado con el mantenimiento del Estado de Bienestar (educación y sanidad), cuyo peso en el PIB fue del 9,9% en 2017 (último año con datos disponibles de gasto por funciones) así como a las inversiones productivas con el objetivo de que la I+D+i alcance el 2% del PIB al final del cuatrienio.