El Ejecutivo en funciones considera que concurren los requisitos formales y materiales para la impugnación ante el Tribunal Constitucional tras no alcanzar un acuerdo en las negociaciones que mantuvieron representantes de la Administración General del Estado y del Gobierno de Baleares.

Para el Gobierno central, la ley balear tiene dos apartados inconstitucionales de la Ley 9/2018. Uno de ellos es el tres, que da una nueva redacción al artículo 9 de la Ley 12/2016 de Evaluación Ambiental de Baleares al amplía el ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica, exigiéndola también a planes y programas que son competencia estatal.

Siguiendo el criterio de la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado, el Gobierno en funciones cree que cuando se trate de obras, instalaciones o actividades que corresponda realizar al Estado, será éste el que las someterá a evaluación ambiental estratégica y lo hará en los supuestos en que así lo exige la Ley básica 21/2013 de Evaluación Ambiental.

Las comunidades autónomas no pueden, al amparo de sus competencias en materia de medio ambiente, imponer al Estado la obligación de someter a evaluación ambiental estratégica los programas y planes que ostenta dentro de sus competencias, por ejemplo, en materia de puertos y aeropuertos, instalaciones eléctricas y obras públicas de interés general, porque representaría una extralimitación en el ejercicio de las competencias autonómicas.

El otro apartado es el seis, que da una nueva redacción al artículo 14 de la Ley 12/2016, de Evaluación Ambiental de Baleares. Para La Moncloa, el texto no distingue tampoco entre proyectos de competencia del Estado y proyectos de competencia autonómica, local o insular.