Así se pronunció la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, acerca de las consecuencias que puede tener la aplicación a partir del próximo día 2 de mayo de este artículo que faculta a los estadounidenses a denunciar ante sus tribunales a las empresas que hagan negocios con bienes que se les expropiaron tras la revolución castrista.

Dijo desconocer si habrá muchas empresas españolas afectadas por esta decisión, pero dejó claro que el Gobierno defenderá a aquellas compañías afincadas en Cuba que puedan verse afectadas.