En declaraciones a Servimedia, opinó que "se ha despejado el horizonte para que la agenda política de la discapacidad avance", pues "tendremos alguien con quien hablar y ante el cual hacer incidencia política".

A su juicio, los proyectos sociales de discapacidad "necesitan tiempo -meses e incluso años- para ponerse en práctica", y "la rotación de los últimos tiempos y la excesiva fragilidad (de los gobiernos) han impedido el desarrollo de políticas necesarias".

En cuanto a sus reclamaciones para la próxima legislatura, Luis Cayo Pérez insistió en la necesidad de modificar el artículo 49 de la Constitución, a fin de eliminar el término 'disminuidos' y sustituirlo por 'personas con discapacidad'. "Existía un gran consenso" en torno a esta reforma, recordó, pero "lamentablemente" se quedó en un informe. Por ello, pidió que "esta sea una de las primeras medidas" que impulse el nuevo Parlamento.

También reclamó cambios en el Código Civil y en otras leyes del Derecho privado (como la Ley Hipotecaria o la de la Propiedad Horizontal), a fin de adaptarlas a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y reforzr la capacidad de obrar de las personas incapacitadas judicialmente. Dicha modificación se hallaba en fase de anteproyecto y ya había recibido el visto bueno del Consejo de Estado.

Finalmente, Pérez Bueno exigió reformar el Código Penal para tipificar como delito las esterilizaciones forzosas de personas con discapacidad y reforzar la protección social y el ejercicio de derechos de este colectivo.