Fiapas asegura en un comunicado que "nos encontramos ante una noticia agridulce para las personas con sordera y sus familias ya que, aun habiéndose producido mejoras evidentes con esta actualización, el catálogo resultante no aporta la respuesta que requieren las necesidades de las personas con sordera y sus familias".

La actualización de la cartera otoprotésica amplía la prestación sanitaria relativa a los audífonos hasta los 26 años, 10 más que en la anterior cartera.

"Los audífonos continúan siendo la única prótesis externa de la Cartera Ortoprotésica con una injustificada discriminación por razón de edad para acceder a la prestación prevista, lo que perpetúa la discriminación que sufren las personas sordas y sus familias", destacó Fiapas, quien recordó que propuso al Ministerio una ampliación progresiva por tramos de edad, siendo los 26 años el primer tramo a alcanzar en un único plazo y para todo el tramo.

"La decisión finalmente adoptada, de acuerdo con las comunidades autónomas, establece el incremento hasta esa edad, pero de forma gradual y comenzando con una ampliación solo hasta los 20 años de edad e incorporando cada año un nuevo tramo, mínimo de dos años, hasta alcanzar los 26 años, lo que nos acerca al año 2023 como fecha en la que esta ampliación de edad será totalmente efectiva", puntualizó.

"No obstante, en términos generales, en esta actualización se ha tenido en cuenta gran parte de las propuestas realizadas por Fiapas, tanto por lo que respecta a los audífonos, como con la inclusión de la banda elástica con procesador de conducción ósea incorporado para niños, previo a la cirugía, como por lo que respecta a los componentes externos de los implantes auditivos, que han sido incluidos para todos los cuatro tipos existentes: conducción ósea, cocleares, de tronco cerebral y de oído medio. Se han incorporado mejoraras en la financiación prevista tanto para audífonos como para renovación de los componentes externos, si bien las cuantías financiadas son insuficientes, en parte de los productos, lo que hace que las personas con sordera y sus familias vayan a tener que seguir asumiendo copagos", expresó esta Confederación.

Por último, recordó que "una vez que el próximo día 1 de julio entre en vigor esta actualización, las comunidades autónomas cuentan con un plazo de seis meses para adecuar sus respectivas carteras, pudiendo ir más allá de los mínimos comunes ahora establecidos y regulando por otra parte condiciones que les corresponden en exclusiva, como son los periodos de renovación y la forma de abono de la prestación".