En declaraciones a Servimedia, la presidenta de la Asociación de Afectados Dentales España Madrid, Anna López, explicó que el escrito registrado ante la Fiscalía General de la Comunidad de Madrid, la Fiscalía Superior del Principado de Asturias, la Fiscalía Provincial de Alicante y la Fiscalía Provincial de Girona exige la aplicación de “cuantas medidas de carácter urgente sean necesarias” para la atención sanitaria “efectiva” de estas personas o, en su caso, la ejecución de una “ayuda de emergencia sanitaria”.

Agregó que el cierre de estas clínicas ha dejado a “miles de personas con tratamientos sin terminar y deficiencias en los mismos” y, como consecuencia de ello, su salud “ha ido empeorando día a día", con la proliferación de infecciones "constantes", problemas de alimentación, roturas de prótesis, problemas mentales importantes por depresión, intentos de suicidio e incluso muertes.

Ante esta situación, lamentó que ninguna administración pusiera en marcha ninguna actuación “ante la sospecha de un indicio de daño ante la salud pública y la seguridad de la ciudadanía” y criticó su “dejadez, falta de atención, de anticipación y de aplicación de soluciones posteriores”.

Tras precisar que las plataformas de Valencia y Zaragoza interpondrán la misma denuncia próximamente, López subrayó la importancia de esta medida “para que esto no vuelva a suceder, porque creemos que estas administraciones tienen responsabilidades y no las han asumido”.

No obstante, admitió que tiene “pocas esperanzas” en que su denuncia tenga alguna consecuencia y descartó que dichos cargos públicos “vayan a asumir libremente sus responsabilidades”.

Con todo, a su juicio el mayor problema es que entre los afectados hay muchas personas mayores “que no saben ni leer ni escribir y que se avergüenzan de que les hayan estafado”, por lo que afirmó no entender “todos los mareos para reclamar lo que por ley les pertenece por un incumplimiento de contrato”. Entre otras acciones, demandó que se habilite un teléfono de atención a los afectados y se cree un censo de damnificados.