En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Alonso precisó que esos documentos pertenecen a las autoridades estadounidenses y reflejan sus propias “prácticas diplomáticas, entre comillas”.

Alonso, que era ministro de Defensa cuando, según esos documentos, la Embajada de Estados Unidos presionó a los fiscales españoles para cerrar varias causas juciales, aseguró que siempre se respetó “escrupulosamente” la legalidad vigente, “esa fue nuestra bandera y nuestra marca”.

Pidió además que a los responsables públicos españoles se los tase por lo que hacen, “no por lo que algunos dicen que dijeron”, y se remitió a las explicaciones dadas por el fiscal general del Estado sobre sus contactos con la Embajada de Estados Unidos.

En todo caso, Alonso negó que esa supuesta colaboración pretendiera restaurar las relaciones bilaterales tras la retirada de las tropas de Iraq porque esa fue una decisión de España como país soberano y si a Estados Unidos no le gustó “qué le vamos a hacer, fue su problema”.