Preguntada por ello en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, reconoció que "parece" que Estados Unidos quiere "resucitar" esa legislación y "empezar a pedir cuentas" a las empresas que operan en Cuba.

El Gobierno, aseguró, estará "respaldando absolutamente" a las empresas españolas y entiende que también lo hará la Unión Europea, dado que son empresas que desarrollan "actividades legítimas" y "bien organizadas" en la isla y en otros países.