Así, en mayo del año pasado, poco antes de la moción de censura que le llevó a la Presidencia del Gobierno, Sánchez se mostró públicamente partidario de modificar el Código Penal para "actualizar" el delito de rebelión por entender que en su redacción actual solo se puede vincular a un golpe militar y no podría no ser aplicable al proceso independentista en Cataluña o a otras tentativas similares.

Por esas mismas fechas, Sánchez se comprometió a impulsar una regulación de las tomas de posesión de los representantes públicos para que estén obligados a acatar la Constitución y a respetar al jefe del Estado, para evitar así situaciones como la que se produjo tanto con Carles Puigdemont como con Quim Torra, que tomaron posesión de su cargo como presidente de la Generalitat de Cataluña sin manifestación de lealtad a la Constitución.

El PSOE ha aparcado esas propuestas y no las menciona en su programa electoral, mientras que el PP ha asumido la modificación de las tomas de posesión para obligar a los cargos públicos a manifestar expresamente esa lealtad sin ningún tipo de alteraciones ni añadidos, y Ciudadanos se compromete expresamente a modificar el Código Penal para "actualizar" los delitos de sedición y rebelión.

Preguntado durante esta campaña electoral por esa actualización de delitos de sedición y rebelión, Sánchez precisó que "cada momento tiene su afán".