En el caso de los vientres de alquiler reclaman "modificaciones legales urgentes", como la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado (2010) que a su juicio "fomenta esta práctica", y que también desaparezca "el reconocimiento de esta forma de filiación por parte del ordenamiento jurídico laboral, en concreto por la Seguridad Social".

Asimismo, solicitan la modificación de la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, de 26 de mayo de 2006, para que se cambie el concepto ‘gestación por sustitución’ por el de 'alquiler de vientres' o en su defecto por la expresión 'explotación reproductiva'.

Otra norma que a su juicio tiene que cambiar es la Ley General de Publicidad (LGP) de España a fin de incluir "como publicidad ilícita cualquier acto o propaganda relacionada con la promoción y venta de productos, bienes, actividades o servicios relacionados con el alquiler de mujeres para la reproducción de seres humanos".

También solicitan prohibir en territorio español "cualquier actividad relacionada con la intermediación que facilite el acceso a estas prácticas en terceros países. Esta prohibición ha de ir acompañada del catálogo de sanciones a agencias, bufetes, entidades de crédito o financieras y profesionales independientes que incurran en la promoción o facilitación de una práctica ilegal en España".

Respecto a la prostitución, esta agenda feminista aboga por "sancionar la solicitud y práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación de contenido económico", así como "reforzar la legislación contra el proxenetismo con un aumento de penas y de las sanciones por encima de los beneficios obtenidos por explotación de la prostitución ajena e incorporar al Código Penal penas privativas de libertad para quien facilite inmuebles (tercería locativa) u otros medios para el ejercicio de la prostitución y explotación sexual".