Con esta orden, publicada hoy en el BOE, el Gobierno atiende lo previsto en el real decreto que encarga a la CNMC “tener en consideración las prioridades estratégicas” del Gobierno a la hora de dictar circulares de carácter normativo en materia energética, “para asegurar la coherencia entre la actuación normativa de la autoridad reguladora” y esas prioridades del Ejecutivo.

Competencia comunicó al Gobierno el pasado febrero que este año tiene previsto aprobar 13 circulares normativas, seis del sector del gas natural, seis del sector eléctrico y una sobre ambos sectores.

En las ‘orientaciones’, el ministerio de Teresa Ribera comunica a la CNMC su deseo de que la metodología de retribución del gestor técnico gasista incorpore “incentivos para optimizar los costes de gestión técnica del sistema, para garantizar la seguridad del suministro, así como la neutralidad de su actuación con todos los usuarios del sistema y con todos los propietarios de las instalaciones, bajo los principios de transparencia, objetividad e independencia enunciados en el artículo 64.1 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos”.

“La retribución del gestor del sistema deberá garantizar la independencia de la gestión técnica del sistema respecto de la del transportista o de otras actividades realizadas dentro del mismo grupo empresarial”, sugiere el Gobierno.

En lo que se refiere a la metodología de la retribución del operador del sistema eléctrico, el ministerio aboga por que “incorporen incentivos para la reducción de costes de los servicios de ajuste y especialmente de las restricciones técnicas, al objeto de garantizar la gestión óptima de los recursos nacionales y el suministro eléctrico al mínimo coste”.

Dicha retribución, a juicio del Ejecutivo, deberá garantizar la independencia en la dirección de la operación del sistema respecto de la del transportista o de otras actividades realizadas dentro del mismo grupo empresarial.

En cuanto a los peajes de transporte y distribución de electricidad, el Ministerio de Transición Ecológica mantiene que la estructura y metodología para fijarlos deberían incentivar “el proceso de electrificación de la economía española necesario para la transición energética, de manera que se favorezca la descarbonización de la economía, no se penalicen los consumos eléctricos frente a otros combustibles ni se desincentiven transformaciones energéticas que puedan resultar medioambiental o económicamente adecuadas”.