Los populares desgranan a través de 102 páginas sus 500 medidas para “cambiar España”, dando especial protagonismo al “fortalecimiento de la nación”. Así, en este primer bloque ya se habla “del golpe al Estado del 1 de octubre” en Cataluña.

El partido liderado por Pablo Casado defiende en este texto que “la mejor manera de fortalecer el pacto constitucional es cumplir con la Constitución y garantizar la lealtad institucional”. En base a ello, sostiene que “el golpe al Estado del 1 de octubre fue también un golpe al modelo autonómico” y habla de la “necesidad de recuperar la legalidad, la convivencia y la prosperidad”.

Precisamente para “recuperar la legalidad constitucional y para proteger el correcto ejercicio de la autonomía en Cataluña”, el PP lleva a su programa la promesa de actuar de acuerdo al procedimiento previsto en el artículo 155 de la Carta Magna. Se aplicarán, según se especifica en el texto, “cuantas medidas sean necesarias” y “por el tiempo que resulte inexcusable”.

Además, el PP promete que velará “con especial atención” por un adecuado ejercicio de las competencias en educación, régimen penitenciario, medios públicos de comunicación y hacienda pública.

TRANSFERENCIAS

También se recoge en el programa la promesa de aprobar en la próxima legislatura una moratoria que paralizará la cesión de nuevas transferencias a las comunidades autónomas. En ese tiempo, explica el PP, se realizará una completa evaluación del funcionamiento del Estado Autonómico desde una perspectiva de eficiencia y equidad.

El objetivo es que “se garantice un sector público más racional y viable y se dé plena vigencia al principio constitucional de solidaridad”. “Estableceremos los cauces necesarios para que aquellas comunidades autónomas que así lo deseen encomienden a la Administración del Estado el ejercicio de aquellas competencias que puedan ser administradas de manera más eficaz desde el Gobierno de la Nación”, proponen.

En el siguiente punto, el PP se compromete a impulsar una Estrategia Nacional de Evaluación del sector público con el fin de determinar la idoneidad y la necesidad de cada una de las entidades y proponer “las reformas precisas para profundizar en la eliminación de organismos superfluos y duplicidades administrativas”.