Los sindicatos lamenta en un comunicado que una parte importante de las medidas no son vinculantes, sino recomendaciones, y la ejecución y aplicación de las medidas dependerá de las administraciones competentes, de su buen hacer y de su compromiso, "lo cual no garantiza la igualdad de trato por parte de las políticas de Empleo y la correspondiente igualdad de oportunidades a los desempleados de larga duración independientemente del lugar de residencia".

CCOO y UGT también advierten de que las actuaciones preventivas sobre la precariedad que se plantean en este plan están fuera del ámbito de actuación de las políticas activas de empleo y solo se pueden abordar con una reforma laboral.

En cuanto a la dotación presupuestaria del plan, esta se deriva de la asignación (sobre el papel) de los fondos ya establecidos en los actuales Programas de las Políticas Activas de Empleo a una estimación de su teórica aplicación a las personas paradas de larga duración. Esta técnica, según CCOO y UGT, no asegura la disposición de medios específicos para las actuaciones del plan, por lo que las centrales mayoritarias plantean la necesidad de realizar la reserva de crédito que garantice los recursos que se van a destinar al plan y a cada una de sus actuaciones (tanto en el nivel estatal como en cada una de las CCAA), además de un compromiso de aumentarlos en los siguientes Presupuestos Generales del Estado hasta el nivel necesario para poder dar una respuesta eficaz al problema.

Para CCOO y UGT, el plan no debería haberse diseñado con tanta precipitación, "y una mayor implicación de los interlocutores sociales en la elaboración del plan hubiera podido resolver desde su inicio los problemas señalados".

"En suma, UGT y CCOO consideramos que el plan es un buen comienzo, pero que necesita mucho trabajo para que se pueda considerar una herramienta a la altura de las necesidades y de la gravedad del problema, y que responda adecuada y eficazmente a todas las dimensiones del mismo", agrega el comunicado.