Así se manifestó López durante su declaración como testigo ante la sala del Tribunal Supremo que juzga a los líderes independentistas por la convocatoria y celebración del 1-O. Preguntado por la acusación popular, ejercida por Vox, el comisario explicó que la reunión del 26 de septiembre, en la que estaban el presidente Carles Puigdemont y el conseller Joaquim Forn, fue a petición de los Mossos. “No era para explicitar que íbamos a cumplir el mandato judicial -esto se deba por descontado-, el objeto era trasmitir la preocupación por el clima que se estaba generando en Cataluña esos días, ese punto de efervescencia por la cuenta atrás del 1-O”, dijo.

Según relató, “nos parecía importante ponerlo de manera directa en manos del presidente y hacerles llegar nuestra preocupación por el clima de tensión”, así que, insistió, “el objetivo era mostrar nuestra preocupación y peticionar que se cumplieran las instrucciones de impedir el referéndum”. Sin embargo, “no tuvimos ninguna respuesta formal del presidente, ni del conseller”. De esta reunión, agregó, “salimos pesimistas. No nos pareció que fueran a ser atendidas; puede ser una percepción, pero el paso de los días nos demostró que no”.

Posteriormente, en una reunión en la que, junto a los anteriores, estaban presentes también la presidenta del Parlament Carme Forcadell y el comisario Castellví, la cúpula de los Mossos quiso volver a poner de manifiesto que “teníamos un mandato el sentido de impedirla (la votación)”, así que volvieron a intentar que “se diese cumplimiento a la ley”.

En este sentido, insistió, “no fue para comunicar que íbamos a cumplir el auto”, sino para “pedir que atendiesen nuestra petición y de la juez de no llevar a cabo el referéndum, por nuestra preocupación por el clima de tensión y los informes de muy alta movilización y resistencia, que en aquel momento todos entendíamos que era pasiva. Esto era una parte de lo que pasó el 1-O”.

Asimismo, apuntó que, en una reunión posterior, les recordaron que algunas de las declaraciones del Govern “eran un error, injustas y que nos perjudicaban”. Además, “les recordábamos que cuatro de nosotros el día 7 fuimos apercibidos por el TC”. “Para mí fue un día triste el día 6 de septiembre”, añadió, de modo que el apercibimiento del TC “lo teníamos muy presente en todas las acciones que llevábamos a cabo. Mossos nunca colaboró ni en la preparación ni en la celebración del referéndum”. En este sentido, continuó, “había cuatro de nosotros que estábamos en riesgo; este fue el mensaje que se envió y obtuvimos una respuesta: había voluntad política de llevar a cabo el referéndum”.

Por otro lado, en cuanto a la orden de la Fiscalía de cerrar los centros antes del 1-O, el comisario explicó que necesitaban “40.000 efectivos”. Se trataba, indicó, de un dispositivo que “no tenía precedentes”. “Nos costó mucho saber lo que necesitábamos para dar cumplimento a esa orden”, dijo. Además, “también nos pedían hacer un precinto seguro y duradero, pero teníamos un problema logístico, así que teníamos que buscar precintos como los que nos pedía el fiscal".

Posteriormente, continuó, “intentamos aclarar algunos aspectos relevantes de la orden”, ya que como recordó se refería a “centros públicos, sanitarios, educativos, algún juzgado de paz… e intentamos aclarar exactamente lo que significaba esta orden. Queríamos saber sii esta introducción de la Fiscalía nos habilitaba directamente o había que pedir un mandamiento judicial”.