La ley de crédito inmobiliario que entrará en vigor en junio incorpora de forma definitiva el llamado 'Código de Buenas Prácticas', aprobado durante los años más duros de la crisis por el Gobierno y que obliga a las entidades financieras adheridas al mismo a ofrecer reestructuraciones de deuda a las familias vulnerables, pudiendo incluir incluso quitas y daciones en pago o permitirles continuar en sus viviendas bajo un alquiler social.

A juicio de Santos, dicho Código es una "reminiscencia de la crisis" que en el "momento que vivimos tiene sentido", pero a futuro debería buscarse una mejor solución con una ley de segunda oportunidad para las familias, similar a la de las empresas y que les permitiría pasar página definitiva de la deuda.

Santos efectuó esta demanda durante unas jornadas sobre la ley de crédito inmobiliario organizadas por la AHE, en las que alertó de manera específica acerca de que aplazar el vencimiento anticipado o retrasar el proceso de ejecución del préstamo "como fórmula del asentamiento de las familias en las casas" solo empeora el problema porque se "cronifica la deuda con intereses moratorios".

El presidente de la AHE abogó por "darle una pensadita", ya que esta solución convierte en irresoluble el problema cuando la factura se va engordando con los intereses por impago. “Las familias vulnerables tienen que tener una solución que no tiene que pasar por la cronificación de la deuda con intereses moratorios porque cuando se cronifica la situación tienen a ser imposible de resolver”, insistió.

Durante las jornadas Santos reconoció, sin embargo, que la futura ley de crédito inmobiliario es "muy bienvenida" si consigue, como se espera, "estabilizar el mercado" y "generar confianza".

Santos se mostró de hecho confiado en que servirá "para estabilizar el mercado" y mejorar la "seguridad jurídica", poniendo coto a la "sobrejudicialización" que ha sufrido el mercado hipotecario.

"Es fundamental que esta sobrejudicialización de los contratos acabe cuanto antes por el bien de todos, de los ciudadanos" y de los mercados y la industria, además de por los 600.000 millones de euros en préstamos hipotecarios que la banca tiene en cartera, defendió.

Según Santos, los mercados, al igual que los ciudadanos, tienen que "tener confianza de que han encontrado un préstamo que estará protegido por las garantías jurídicas" para que el negocio hipotecario opere con normalidad, dado que los contratos para este tipo de préstamos se firman para 30-40 años y esencial que "no estén sufriendo las vicisitudes de las sentencias jurídicas".

"Yo creo que esta ley, sin duda, marcará un antes y un después", indicó Santos, si bien precisó que ha quedado "asimétrica" en algunos aspectos, en alusión velada a la mayor carga que hace recaer sobre las entidades en favor del consumidor y su protección.

En particular mencionó un reparto de gastos que, si bien queda "desigual", consideró positivo en la medida que "abunda en la transparencia de la contratación". La banca soportará todos los costes, incluido el impuesto de actos jurídicos documentados, y con la única excepción de la tasación.