Esta campaña se hace de forma simultánea en los 27 países que integran la Asociación de Policías Europeos por la Seguridad Vial (Tispol, por sus siglas en inglés), de la que forma parte la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Como suele ser habitual, la DGT ha invitado a los ayuntamientos a sumarse a la campaña para que en las vías urbanas también se realice esta labor de concienciación y control de la velocidad, puesto que los peatones son los usuarios urbanos que más fallecidos registran debido principalmente a la velocidad.

Los controles se centrarán en los tramos de riesgo asociado a la velocidad, así como en los puntos donde la circulación se realiza por encima del límite establecido y existe un elevado índice de siniestralidad. Además, atendiendo al carácter preventivo de la campaña, se anunciará a los conductores la existencia de controles a través de los paneles de mensaje variable o con señalización vertical circunstancial, cuando la vía no disponga de esos paneles.

LÍMITE GENÉRICO A 90 KM/H

Esta campaña de vigilancia se produce dos meses después de la entrada en vigor del límite de velocidad genérico de 90 km/h en las vías convencionales, carreteras donde se producen el 75% de los accidentes mortales, la mitad de ellos por salidas de la vía en las que el exceso de velocidad está detrás de muchas de ellas.

En 2017 (último año con datos consolidados), un total de 345 personas fallecieron en las carreteras españolas (excepto Cataluña y País Vasco, donde las competencias de tráfico están transferidas) en accidentes en los que la velocidad fue uno de los factores concurrentes.

Los coches, las furgonetas, los camiones y los autobuses que se vendan en 2022 podrían estar obligados a ir equipados con nuevas tecnologías de seguridad para proteger a pasajeros, peatones y ciclistas, entre ellas el limitador inteligente de velocidad ISA, que funciona conectado al GPS y está dotado de una cámara que lee las señales viales y advierte al conductor cuando éste supera los límites legales, según un acuerdo provisional alcanzado la semana pasada por negociadores del Parlamento Europeo y la Presidencia rumana del Consejo de la UE que deberá ser aprobado formalmente por ambas instituciones comunitarias.