Así lo pusieron de manifiesto los portavoces de las cuatro formaciones con mayor representación parlamentaria durante un debate organizado en Servimedia con motivo de las elecciones generales del próximo 28 de abril para hacer balance de los avances conseguidos esta legislatura en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) dentro de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Los expertos de PP, PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos reconocieron que el cambio climático representa un desafío de primer orden que “debe provocar una transformación absoluta del país” y reclamaron una “auténtica revolución” en los ámbitos políticos, empresariales y sociales que pase por lograr “consensos entre todos los partidos” para frenar el cambio climático.

AGENDA 2030

El secretario ejecutivo de Medio Ambiente y Cambio Climático del Partido Popular, Alberto Casero, admitió que aún existe “mucho desconocimiento” en las administraciones públicas sobre los ODS pero constituyen un “eje de trabajo” porque “van a transformar el mundo” en los próximos años.

Casero defendió, por ello, que deben estar “en la primera línea” en las políticas públicas pero puntualizó que el cambio requiere hacerse “de abajo a arriba” y con un “enfoque multidireccional” para implicar a todos los ciudadanos, a las empresas, a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas. “Es el mayor reto que hemos tenido como comunidad en mucho tiempo y no es una transformación que vayamos a imponer los políticos”, comentó.

La secretaria ejecutiva de Cooperación al Desarrollo del PSOE, Belén Fernández, ensalzó que los ODS forman parte de la “hoja de ruta” del Gobierno de España porque el actual presidente, Pedro Sánchez, creó un Alto Comisionado poco después de llegar a La Moncloa.

A su juicio, esta decisión “vuelve a poner a España en el mundo” y recalcó que para el pleno cumplimiento de la Agenda 2030 hay una responsabilidad que implica mucho más allá y debe importar a todos los actores, como cree que ha intentado impulsar el ministerio dirigido por Teresa Ribera para conseguir “un cambio de modelo hacia la economía circular”

El portavoz de Cambio Climático del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, Juan López de Uralde, advirtió de que “la mayor amenaza para los ODS es el cambio climático” en estos momentos, hasta el punto de que objetivos concretos como la lucha contra el hambre o el combate de la pobreza “está completamente amenazado” por un problema mayor como el cambio climático.

López de Uralde celebró el movimiento juvenil contra el cambio climático que ha empezado a salir a la calle y deseó que “crezca” porque “el cambio que tenemos por delante es brutal” y consiste “no en que reduzcamos las emisiones, sino en que dejemos de emitir” emisiones de CO2. “Tenemos que hacerlo si queremos dejarle algo” a las próximas generaciones, sentenció.

Entre otras cosas, urgió a “dejar de utilizar el carbón” como fuente de energía cuando se trata del “combustible que más CO2” genera y, por lo tanto, la que más daña la atmósfera. Por eso, recomendó “trabajar de abajo a arriba para que las comarcas” que dependen económicamente y laboralmente de este mineral tengan un futuro con otra alternativa.

La responsable del Área de Políticas Sociales de Ciudadanos, Susana Gaspar, aseguró que los ODS están “integrados” dentro del programa electoral de su partido pero “echó en falta” que PP y PSOE no hayan buscado más “diálogo” con el resto de formaciones y con la sociedad porque “no puede ser un modelo para cuatro años de legislatura, sino que perdure en el tiempo” mucho más allá.

INCLUSIÓN SOCIAL

En clave social, Gaspar recordó que los Objetivos de Desarrollo Sostenible deben obligar a fomentar una verdadera “igualdad de derechos” entre todos los ciudadanos, como especifica Naciones Unidas especialmente en materia de educación, de inclusión de las personas con discapacidad y de favorecer a las familias.

A modo de ejemplo, la representante de Ciudadanos criticó que en España los niños con autismo que son reconocidos en una comunidad autónoma con una discapacidad pueden perder derechos y tratamientos al cambiar de residencia a otra región. Por ello, exigió una ley que garantice un trato igual en derechos y servicios a todos los españoles vivan donde vivan.

Por su parte, Fernández destacó que el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez ha impulsado medidas contra la “desigualdad social” durante sus nueve meses de mandato tras la moción de censura con la que el PSOE echó al popular Mariano Rajoy de La Moncloa y se comprometió a que su partido seguirá impulsando nuevas mejoras si gana las elecciones generales.

Casero coincidió con la dirigente del PSOE en que la desigualdad social “es la más importante” y la que más se necesita combatir, aunque huyó de soluciones basadas en “gastar más” como las que a su juicio desarrolla el actual Gobierno de Pedro Sánchez. “No vale sólo con subir impuestos, sino replantearse cómo gobernamos con menos recursos” y, para ello, abogó por generar empleo como política social más efectiva.

López de Uralde advirtió de que el problema “es el capitalismo, amigos”, parafraseando la célebre frase de sobre la economía de la campaña electoral de Bill Clinton contra George Bush en 1992. Admitió que en los últimos años se ha creado más empleo por las políticas laborales del PP, pero subrayó que ha sido “en peores condiciones” porque los jóvenes tienen más dificultades para independizarse de sus padres.

A su juicio, la reducción de las desigualdades exige “medidas más drásticas” como derogar la última reforma laboral y recuperar derechos, pero señaló que el problema es “global” porque el capitalismo “en vez de ser más social, como sería si fuera en la línea de los ODS, es más feroz” y provoca que la riqueza se distribuya “mal”, “había arriba y no hacia abajo”.

EL PAPEL DE LAS EMPRESAS

Al hablar de gobernanza y Responsabilidad Social Corporativa, López de Uralde manifestó que las empresas “deben apoyar” los ODS pero puso en duda que deseen hacerlo en todos los casos por “voluntariedad”. En su opinión, es mejor vigilar que paguen los impuestos que les corresponde y que haya una Ley de Responsabilidad Social que “vaya más allá respecto a lo que deben hacer” para que tengan obligaciones concretas.

Gaspar replicó en nombre de Ciudadanos que “no hay que demonizar a las empresas” e hizo hincapié en que España es un país principalmente de pymes y autónomos que necesitan “formación e información” sobre este asunto. Indicó que el primer paso con ellos debe ser “eliminar las barreras psicológicas” para que se impliquen en los objetivos de sostenibilidad y apostó por “hacer un trabajo de acompañamiento” con quienes decidan dar el paso.

Además, reivindicó la creación de un “órgano con dotación presupuestaria” que fomenta la colaboración entre toda clase de entidades, “que vigile” la consecución de los retos presentes y que suscite un “pacto con la sociedad civil, con la sociedad del conocimiento y con los partidos políticos” para que los gobiernos no sustituyan el modelo cada cuatro años.

Por su parte, Casero destacó desde el Partido Popular que la mayoría de las empresas “asumen los ODS” y se opuso a la idea de Ciudadanos de crear un órgano con financiación porque “lo importante para implementar los objetivos es que haya una economía saneada”. También reclamó como “clave” el papel de los ayuntamientos por ser las entidades públicas “más cercanas” y las que “más saben de la realidad”, e insistió en que resulta fundamental “la participación de la sociedad civil para implicar a todos” porque este es “el mayor reto de los últimos tiempos”.

Fernández rechazó también la sugerencia de Ciudadanos de crear un órgano con dotación presupuestaria al preferir mejorar la “interrelación de todos los organismos creados” hasta el momento en relación con los ODS, como el Alto Comisionado del Gobierno de España para la Agenda 2030, el grupo de alto nivel, la comisión parlamentaria y el trabajo de todos los ministerios en la materia. “Eso es lo que lleva a la coherencia de políticas”, subrayó.

La dirigente del PSOE incidió también en que la sociedad española necesita “mucha sensibilización porque sólo un 13% conoce los ODS” y apostó por una concienciación “mucho más inmediata y más directa”. En clave empresarial, manifestó que “el sector privado es muy importante para la Agenda 2030” y coincidió en la relevancia que tienen en España los autónomos y las pymes por su enorme tejido al encabezar más del 80% de los negocios.

Fernández también sacó a relucir la conveniencia de que los pliegos de contratación pública incluyan condiciones sociales, como aparece recogido en la nueva ley que aprobó el anterior gobierno antes de la moción de censura y que está pendiente de desarrollar, porque eso “puede hacer mucho para el cambio hacia la transición ecológica” y la transformación del modelo productivo.

“LAS ALIANZAS SON FUNDAMENTALES”

El director general de Forética, Germán Granda, fue el encargado de abrir el debate y poner el broche con una intervención final de resumen y conclusiones del debate celebrado en Servimedia, en el que resaltó que los portavoces políticos habían admitido por sí mismos que “las alianzas son fundamentales” para avanzar en sostenibilidad y alcanzar los ODS.

Granda destacó que “los más pesimistas” auguran que no van a cumplirse todos los objetivos fijados por Naciones Unidas para 2030, especialmente en materia de cambio climático, y recordó el ineludible rol de las empresas para hacer frente a este desafío, junto con otros retos también acuciantes como los vinculados a inclusión social y a transparencia.

Se felicitó de que en España los ODS han logrado mayor relevancia política con la creación de un Alto Comisionado desde el Gobierno de España que encabeza Cristina Gallach y destacó la importancia de “alinearlo con los presupuestos públicos”. En clave empresarial, celebró que los ODS han favorecido un “impacto a nivel conocimiento” aunque aún requiere de un mayor recorrido y aplicación.

Reconoció que hay compañías que pueden ir “al borde de la ley” pero celebró haber escuchado en repetidas ocasiones durante el debate el uso del término “economía circular” e hizo un llamamiento a los partidos políticos a “entenderse y ponerse de acuerdo en la nueva legislatura” para que la estrategia se cumpla y, a la vez, se rindan cuentas a los ciudadanos “de forma transparente”.