En un comunicado, el sindicato criticó que “los grandes inversores, de la mano de sociedades de inversión, ven en la compra de viviendas con fines de alquiler o venta, una muy buena inversión, lo que unido a las dificultades de acceso de miles de familias a una vivienda digna y adecuada, tanto en propiedad como en alquiler, provoca sobre todo en los centros de las grandes ciudades, un encarecimiento desmesurado de los precios, problemas de convivencia entre los vecinos o incluso la expulsión de familias con menos recursos asentadas en estos barrios sustituyéndolas por población flotante”.

Por ello, UGT considera que “toda esta problemática necesita de manera urgente una búsqueda de soluciones por parte de los gobernantes y recuerda que las competencias sobre urbanismo residen en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos, algo que provoca una dispersión normativa que a veces entra en contradicción unas con otras”.

Además, el sindicato resaltó que, si bien en el 80% de los alquileres los realizan personas físicas, “existe una fuerte irrupción de las plataformas digitales”, y que ambos formatos dan empleo a muchos trabajadores. En este sentido, el sindicato critica que a esos trabajadores, “que tienen la misma actividad que otros del mismo sector, no se les puede aplicar el convenio colectivo del sector del hospedaje, lo cual les aboca a un limbo laboral en cuanto a la protección de sus derechos”.

En cuanto al real decreto ley aprobado recientemente por el Gobierno, UGT considera que se trata de “una regulación mínima porque lo único que hace es dar más facilidades a las comunidades de vecinos para poner freno a estas viviendas turísticas” y que, aunque los cambios introducidos “son positivos”, al mismo tiempo son “insuficientes”.