Los acusados utilizaban tanto los servicios como el personal del centro médico donde trabajaban para realizar pruebas que solicitaban en los hospitales privados donde también desarrollaban su actividad profesional y luego remitían las facturas a los pacientes o las empresas aseguradoras cuando en realidad “el coste iba a parar a las arcas públicas”.

Los acusados son E. Á. F., un médico jubilado en septiembre de 2014 que hasta ese mes fue jefe del Servicio de Anatomía Patológica del hospital y con consultas abiertas de anatomía patológica en el Instituto Dr. Álvarez de Anatomía Patológica S.L., en Megalab, y en el Hospital San Rafael; B. L. M., medico patóloga del Servicio de Anatomía Patológica y quien asimismo trabajaba para la clínica de Nuestra Señora del Rosario; C. L. V., medico patóloga del Servicio de Anatomía Patológica quien a su vez trabajaba para la clínica de Nuestra Señora del Rosario, y M. L. H. A., técnico del laboratorio del servicio de anatomía patológica quien, además, desarrollaba su actividad privada en los laboratorios de los doctores Emilio Álvarez y de otro ya fallecido.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, entre los años 2012 y 2015 los investigados realizaron u ordenaron al personal auxiliar del servicio llevar a cabo en el laboratorio de inmunohistoquímica del Servicio de Anatomía Patológica en el Hospital Gregorio Marañón el análisis de muestras procedentes de pacientes de clínicas privadas.

Las pruebas se realizaban en el laboratorio y consistían en biopsias y citologías destinadas al diagnóstico de casos relativos a tumores malignos o a la reacción de los tejidos de determinados anticuerpos, usando las maquinas existentes en dicho laboratorio, así como el material de dicho servicio destinado al Gregorio Marañón.

Para la Fiscalía, dichas pruebas suponen un “uso indebido” de los servicios públicos, (reactivos clínicos, personal, material, maquinas, dependencias) porque se realizaban sin coste alguno para las clínicas privadas donde los acusados desarrollaban también su actividad profesional y “un alto coste para las arcas públicas”. Una vez realizadas las pruebas, los resultados se remitían a las clínicas privadas siendo facturadas a los pacientes de las mismas o a las compañías aseguradoras sanitarias.

Según el relato de la Fiscalía, E.Á.F. y otro médico ya fallecido prescribían la práctica de muestras procedentes de pacientes del Hospital San Rafael (el primero) y del Hospital Nuestra Señora del Rosario (el segundo) que eran trasladadas al laboratorio de inmunohistoquimica del servicio de anatomía patológica del Hospital Gregorio Marañón. En el traslado de las muestras intervenían B.L.M. y C.L.V. quienes las dejaban en dicho laboratorio para que M.L.H.A. llevara a cabo dichos análisis o se lo ordenara al personal auxiliar del servicio.

Una vez realizadas las pruebas, “que por sus características eran económicamente muy costosas”, se remitían a los hospitales privados de origen y luego eran facturadas a los pacientes o a sus compañías sanitarias “con el consiguiente perjuicio económico para la sanidad pública”. En el periodo comprendido entre enero de 2012 y marzo de 2015 los acusados procesaron en el laboratorio de inmunohistoquimica del Hospital Gregorio Marañón 1.701 técnicas correspondientes a pacientes de la Clínica privada Nuestra Señora del Rosario y otras 1.069 del Hospital privado San Rafael. El 13 de noviembre de 2015 el director general de inspección y ordenación informo que el coste total de las pruebas indebidas asciende a la cantidad de 62.474’13 euros.

En ese caso, los acusados deberían indemnizar conjunta y solidariamente a la Comunidad de Madrid, en la cantidad de 20.613’58 euros, respecto del coste total de las determinaciones indebidas, debiendo entregar también la cantidad consignada de (41.860’55 euros) a la Comunidad de Madrid.