El teniente de la Guardia Civil explicó este lunes, ante la sala del Tribunal Supremo que juzga a los líderes del independentismo por la convocatoria y celebración del referéndum del 1-O, que la entonces directora general de Coordinación del Gobierno de Cataluña, Elsa Artadi, y el secretario de Hacienda Lluís Salvadó estaban llamados a ser los “responsables” de las “medidas a aplicar el 2 de octubre”.

Según el testigo, Artadi y Salvadó eran los encargados de implementar la “fase uno, a desarrollar los días posteriores al referéndum, con 41 normas generales y sectoriales”. Entre ellas, detalló, “se especificaba la sucesión del ordenamiento jurídico catalán, la integración de los funcionarios de la Administración General del Estado en la Administración catalana, el decreto ley del banco central catalán, el de la agencia tributaria catalana, un acuerdo de provisión de magistrados para un nuevo Tribunal Supremo…”. Todas ellas, añadió,” siempre manteniendo la movilización social”. Además, “el 1 de octubre por la noche debía actuar ANC”.

Además, en el registro del despacho de Salvadó, el agente explicó que se encontró “un documento con el membrete de la Generalitat con medidas para la creación del nuevo Estado catalán y garantizar su funcionamiento en su etapa inicial, donde se incluían 176 medida; cada una incluía un anexo en el que debían trabajar los distintos departamentos”. En esta línea, añadió, “se comprueba que se está trabajando en distintos departamentos”.

Por otro lado, el testigo recordó que durante la investigación “se encontró un documento con un acuerdo de Gobierno de 6 septiembre, en el correo de la señora Dolors Bassa, en el que a instancias de Turull, Romeva y Junqueras acuerdan todos los miembros del Govern responder de forma solidaria y llevar a cabo gastos y contrataciones de aspectos necesarios para llevar a cabo el referéndum”, entre ellos “campañas publicitarias, comunicación de catalanes residentes en el exterior, reparto de cartas, registro de voluntarios, la web del referéndum… Todo esto se lleva a efecto el día 7”.

Asimismo, detalló que la financiación de la campaña ‘Civisme’ “se extrae de unos fondos de contingencia, aprobados por el señor Turull a instancia de Junqueras”; algo que se supo, expresó, “por el análisis de los correos del señor Junqueras en los que aparece esta solicitud y por la información que da la interventora de la Generalitat sobre la campaña de 'Civisme'”.

El testigo también destacó que en el despacho del responsable de Unipost, Pablo Raventós, se encontraron las notas de entrega, con sello del día 7, acompañadas con factura, “emitidas por departamento de Cultura, Trabajo, Salud, Presidencia, y Economía y Hacienda”. Estas notas de entrega son “por unas cantidades que no superan los 200.000 euros ninguna de ellas”.

Esta información, explicó, “da sentido a un folio que se llama resumen campaña de la Generalitat, un documento Excel, dividido en pedidos con cinco columnas, cada uno con su departamento correspondiente, cartas ordinarias y certificadas, dentro de las ordinarias 5.340.000 y las certificadas suman 56.000”. En el análisis de los efectos intervenidos el 20-S “se había encontrado una tabla con 56.696 asientos en las que se especificaba nombre, apellidos, dirección y presidente de mesa o vocales”.